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Chevron afirma que la orden de embargo de Ecuardor nunca debió ejecutarse en Argentina

La empresa Chevron Argentina celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia que desactiva el embargo de sus activos en la Argentina por una demanda que un grupo de abogados estadounidenses inicio en Ecuador contra la casa matriz.
La casa matriz tene su sede en los Estados Unidos.

"La decisión de la Corte Suprema de Justicia confirma que la orden de embargo de Ecuador nunca debió haber sido ejecutada en la Argentina", sostiene un comunicado de la filial local al que accedió Télam.

En el mismo comunicado, se destaca que "esta decisión coincide en un todo con la reciente opinión vertida por la Procuración General de la Nación" a cargo de Alejandra Gils Carbó, que consideró que hubo "afectación de principios que integran el orden público internacional argentino".

La empresa ratificó además su decisión de operar en la Argentina donde tiene un acuerdo con YPF para explorar "shale gas" en el bloque Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, al expresar: "Chevron Argentina va a continuar trabajando intensamente en el país para ayudarlo en su objetivo (el del Gobierno nacional) de lograr la independencia energética".

Por su parte, el investigador del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Publicas para la Equidad y el Crecimiento), Nicolás Gadano, opinó que "se trata de una demanda internacional compleja que tuvo una derivación en la Argentina, afectando a una empresa que está interesada y discute ampliar sus operaciones en el país".

Señaló que "este fallo mejora las posibilidades de la empresa para expandir su actividad en el país, y entiendo que el embargo no debiera tener que ver con Argentina porque está vinculado a algo que sucedió en otro país".

En su opinión, "un sector como el petrolero que maneja grandes inversiones y de largo plazo, necesita un sistema jurídico que funcione, que tenga reglas claras y dé la seguridad de que si hay incumplimientos ó diferencias, se diriman en la Justicia".

El fallo responde a una causa iniciada por un grupo de abogados estadounidenses que hizo una presentación en 1993 reclamando una indemnización por 19.000 millones de dólares, para 30.000 residentes de la región de la Amazonia ecuatoriana, presuntamente afectados por cuestiones ambientales relacionadas con la explotación de hidrocarburos.

Fuente: Télam

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