El titular del organismo, José Sbatella, atribuye esos resultados a que la Argentina "cuenta con un sistema de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo que se ajusta a los más altos estándares internacionales", según afirma en la presentación del informe anual 2012 de la UIF.
El resumen de actividades precisa que la cantidad de sujetos obligados a realizar dichos reportes se elevaron a casi 27 mil, de 31 sectores de actividad, y destaca que durante el año pasado se reportaron cinco operaciones sospechosas de financiación del terrorismo.
Sbatella incluye entre los principales avances recientes en la materia "la aplicación del congelamiento administrativo de activos para casos de operaciones sospechosas de financiación de terrorismo", y "la cantidad de fiscalizaciones in situ, regularizaciones y supervisiones de los sujetos obligados", por parte de la UIF y otros organismos reguladores.
Señala asimismo "el aumento de la intervención judicial del organismo como colaborador y querellante", y "el reconocimiento de organismos internacionales, de los avances realizados en la lucha contra el lavado y la financiación del terrorismo".
Las decisiones tomadas a nivel administrativo, y el nuevo marco regulatorio desplegado en 2011-12, le permitieron a la UIF el año pasado realizar 64 supervisiones a sujetos obligados, practicar 57 acciones sumariales y aplicar 14 sanciones.
El organismo de control realizó asimismo 32 presentaciones como querellante en causas penales, prestó colaboraciones en más de 150 causas judiciales activas e implementó una matriz de riesgo.
Sbatella justificó la prioridad otorgada a la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, "a los efectos de resguardar el orden económico-financiero nacional".
En ese sentido, advirtió sobre los riesgos que implican "la desregulación financiera, la libre movilidad de los flujos de capitales especulativos y la ausencia de una coordinación monetaria a nivel mundial".
Tales movimientos, evaluó Sbatella, posicionan a las economías latinoamericanas "en escenarios más vulnerables para los ataques especulativos de los capitales, tanto lícitos como ilícitos, que vienen de provocar las burbujas especulativas en el mundo desarrollado y desestabilizar sus economías".
En ese contexto, concluye el informe, el gobierno nacional triplicó el presupuesto de la UIF (de 14,1 a 45,6 millones de pesos, entre 2011 y 2013) y la dotación de personal (de 63 cargos en 2010 a 188 este año).
Fuente: Télam
