El Plan Fenix es un aporte a la reflexión común acerca de los problemas centrales de la economía argentina y la formulación de propuestas que permitan enfrentar la crisis. Se destaca dentro de este plan el aporte de ideas prácticas para la resolución de problemas. En el diseño del Plan Fenix participaron profesionales de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas.
A continuación se resume el documento que se elaboró para el Plan Fenix.
Condiciones para el desarrollo económico y social
La teoría y la experiencia histórica y contemporánea de las economías mundial y argentina revelan que el desarrollo económico y la elevación de la calidad de vida requieren el cumplimiento de un conjunto de condiciones:
Estabilidad institucional y política.
Funcionamiento eficiente y competitivo de los mercados de bienes y servicios, financieros y reales.
Equilibrios macroeconómicos sólidos sobre la base de altas tasas de ahorro interno e inversión, financiamiento genuino del sector público, competitividad internacional, reducción drástica del déficit crónico en la cuenta corriente del balance de pagos.
Presencia de un Estado que asegure el desarrollo nacional, la integración social, la equidad distributiva y el bienestar.
Existencia de mercados de capitales financieros al servicio de la producción y el comercio.
El Estado se ha replegado y subordinado, abandonando responsabilidades indelegables, y la política económica está limitada a transmitir señales amistosas a "los mercados" y pagar los servicios de la deuda.
Objetivos
Los objetivos básicos buscados son el desarrollo económico y la equidad social, los que tenderán a potenciarse mutuamente en la medida en que se cumplan los criterios propuestos.
Deben implementarse políticas que aseguren el equilibrio fiscal, monetario y de balance de pagos.
Estas medidas requieren una reformulación del sistema financiero local y la disponibilidad de mayores recursos fiscales que se deberán generar mediante las políticas propuestas.
El refuerzo de las disponibilidades fiscales, indispensable para ganar mayor espacio de maniobra para un Estado promotor al servicio del desarrollo y la equidad social, se logrará actuando de manera simultánea sobre los ingresos y los gastos públicos.
El cuidado en mantener los equilibrios básicos de la economía permitirá retomar el manejo de la política monetaria, la regulación de la política financiera, la atención de la política cambiaria y la implantación efectiva de políticas de provisión adecuada de bienes públicos en los campos de educación, salud, ciencia y técnica, justicia, seguridad y defensa, que han quedado postergadas frente a las falsas prioridades de las políticas previas. Sobre esta base, se negociará con los deudores mayores una reprogramación de plazos y tasas de interés.
En cada economía regional se propone organizar un consejo nacional de transformación productiva con equidad social con participación del estado nacional, los estados provinciales, las universidades, los organismos de ciencia y tecnología y los productores.
Empleo, desempleo y marginación social
Deben priorizarse aquellos mecanismos de generación de empleo que conlleven una mejora de la calidad del empleo y que favorezcan a ciertos grupos, especialmente los trabajadores menos calificados.
Las políticas de carácter más activo, como los subsidios al empleo privado y los programas de generación directa en el sector público, así como los de entrenamiento y capacitación, también deben estar destinadas a mejorar la posibilidad de que los grupos más postergados obtengan empleo.
La política industrial debe estar dirigida a las empresas como agentes centrales dinámicos de la producción antes que a las ramas o sectores.
Globalización y desarrollo nacional.
Política internacional
Es preciso, para la recuperación de la economía argentina y la generación de empleo y bienestar, aplicar una política que remueva la dependencia externa mediante la mejora de los precios relativos de la producción argentina y su competitividad, el fomento de las exportaciones, la defensa del mercado interno (que en la mayoría de las economías exitosas constituye el principal destino de la producción de bienes y servicios) y el aumento del ahorro interno (que financia la mayor parte de la acumulación de capital).
En cuanto a los servicios públicos, desdolarización, reducción de tarifas, aplicación de la "neutralidad tributaria" contemplada en los contratos de privatización y plena vigencia de las normas generales de defensa de la competencia.
Política comercial y externa.
Reformas institucionales y políticas.
Es necesario diseñar y aplicar políticas orientadas a regular el comportamiento y rentabilidad de los servicios públicos privatizados.
Por otra parte, es necesario que los bienes y servicios de producción nacional tengan preferencia en las compras de las empresas privatizadas.
Area Temática:
Regulación de los servicios públicos y concentración económica
CONCENTRACIÓN ECONOMICA Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
Ello se ha visto potenciado ante la irreversibilidad de parte importante de los cambios derivados o inducidos por las nuevas políticas públicas.
En ese marco, el programa de privatizaciones desarrollado en el país constituye, atento al impacto económico-social de sus realizaciones, uno de los ejes centrales de esas políticas públicas y de la estrategia refundacional que las sustentan.
Así, como resultado esperable de las propias modalidades de las privatizaciones, en la experiencia argentina quedó claramente de manifiesto, al momento de la transferencia al sector privado de las distintas empresas, un triple nivel de concentración del capital. En efecto, un muy acotado número de grandes conglomerados económicos (y de asociaciones de capital con firmas extranjeras) pasó a controlar un amplio y diversificado grupo de ex-empresas públicas.
Los impactos de las "fallas regulatorias" sobre la razonabilidad de las tarifas y los márgenes de beneficio de las empresas prestatarias de servicios privatizados
Como era de esperar, todas las ostensibles "falencias" en materia de regulación tarifaria tuvieron un impacto de significación sobre las tarifas finales abonadas por los distintos consumidores (sobre todo, los residenciales de menor poder adquisitivo) y, naturalmente, sobre los márgenes de beneficio de las empresas prestatarias.
Lineamientos de política económica destinadas a disminuir la concentración, la salida de recursos locales al exterior y el predominio de los servicios privatizados
En tanto la concentración económica es una problemática que involucra las distintas instancias del funcionamiento económico de la sociedad, las políticas orientadas a neutralizar sus efectos y restablecer la equidad y la eficiencia económica comprometen diversas áreas de la política económica. Así, por ejemplo, el control de la salida de capitales locales al exterior está directamente relacionado con las políticas del sector externo y tributarias. Por lo tanto, en este apartado se explicitan las políticas específicas orientadas a regular el comportamiento y rentabilidad de los servicios públicos privatizados.
Reajuste de los precios base como medio para limitar las ganancias extraordinarias de las prestadoras de servicios públicos.
Aplicación efectiva de la figura de la "neutralidad tributaria" en el ámbito de los servicios públicos privatizados
Los marcos que regulan los distintos servicios públicos privatizados establecen que las empresas prestadoras pueden trasladar a las tarifas finales abonadas por los usuarios las variaciones de costos originadas en cambios en las normas tributarias (excepto en el impuesto a las ganancias).
Reglamentar, en el ámbito de los servicios públicos privatizados, la legislación de Defensa de la Competencia.
2. Las acciones en el campo laboral
2.1 El papel de la política de empleo en el contexto de los objetivos globales y sus límites
Las medidas específicas del campo laboral deberán estar encaminadas a mejorar la equidad. Más aún, medidas como las destinadas a mejorar los servicios de empleo y/o expandir y mejorar los programas de entrenamiento, tampoco tendrá un efecto sustancial sobre la elasticidad producto - empleo.
Otro comentario necesario es que dado el objetivo primordialmente distributivo de la política de empleo, no siempre podrá trazarse una división tajante entre ella y algunas medidas que suelen incluirse dentro de las políticas sociales.
En cuanto a las políticas pasivas, las modificaciones del beneficio a los desocupados - en la dirección de ampliar la cobertura del actual sistema - deberían armonizarse con las políticas sociales e, incluso, con los programas de generación directa de empleo.
Como en otros casos, este tipo de beneficios tendría mayor relevancia en cuanto formen parte de políticas productivas activas.
b) Regulaciones sobre el despido
Es frecuente que se efectúen propuestas destinadas a cambiar el régimen de indemnizaciones por despido. Por lo tanto, las actuales regulaciones sobre despido por causas económicas, así como los contratos promovidos, hacen recaer los efectos de la mayor incertidumbre sobre los ingresos de los trabajadores. Nuevamente, mecanismos de este tipo serían quizás más relevantes como parte del paquete de instrumentos de políticas productivas activas.
d) Políticas activas
Las políticas activas de empleo cumplen al menos dos objetivos, por un lado, constituyen un instrumento para enfrentar situaciones de reducida demanda laboral global.
Las políticas activas se implementan a través de dos modalidades básicas: subsidios al empleo privado y creación directa de puestos en el sector público (y/o en las ONGs). Por tanto, las políticas activas de empleo no constituyen elementos para mejorar de manera sostenible el empleo total. En particular, debe reconocerse que las medidas de generación de empleo directo, tipo programa Trabajar constituyen, básicamente, mecanismos de transferencia de ingresos a grupos que vienen enfrentando serias dificultades para insertarse en el mercado de trabajo.
Una manera posible de reducir los costos asociados al efecto sustitución de los subsidios al empleo privado sería, también en este caso, utilizarlos como parte de políticas productivas activas. Frente a este tipo de argumento se advierte acerca del impacto negativo que tales medidas podrían tener sobre el nivel de empleo -en el caso del salario mínimo-.
No obstante, es necesario plantear una política tendiente a su recuperación ya que no se considera que incrementos paulatinos tengan efectos sustantivos sobre el volumen de empleo - la evidencia sobre sus efectos está lejos de ser clara.(Diario C)
