La película, estrenada en Francia y España hace cerca de dos meses, cuenta la historia de José Crisanto Gómez, el campesino colombiano al que las FARC entregaron a Emmanuel, el bebé que tuvo Rojas en la selva cuando estuvo secuestrada junto a la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt, en febrero de 2002.
La jueza primera de ejecución de penas de Bogotá, Raquel Aya, habilitó la exhibición de la cinta al "no conceder acción de tutela por no considerar actualmente conculcados derechos del menor", según el fallo publicado en la página de internet del Poder Judicial (Rama Judicial) colombiano.
Clara Rojas, ex secuestrada de las FARC, lamentó hoy la decisión de la justicia, al que consideró como "un obstáculo más que se presenta después de seis años de secuestro", al que "tendremos que ponerle la cara para ver cómo lo afrontamos de la mejor manera posible".
Rojas, que aspiraba a que la justicia decidiera que la película se proyectara recién cuando su hijo fuera mayor de edad, expresó hoy su temor de que Emmanuel sea revictimizado "por lo que vivió" cuando al nacer las FARC se lo arrebataron de sus brazos y se lo entregaron a un campesino para que lo cuidara.
En su queja, la ex secuestrada detalla que en la cita se menciona 60 veces el nombre de su hijo y se muestran "en un primer plano, en toda su situación de víctima, los padecimientos que tuvo que sufrir en la selva cuando era bebé".
Rojas, directora de la Fundación País Libre, aseguró que apelará la decisión judicial, porque la película atenta contra el libre desarrollo de la personalidad del menor.
También la procuradora delegada para la Niñez y la Familia, Ilva Hoyos, anunció la apelación del fallo de tutela, con el argumento de que no se están "protegiendo los derechos al libre desarrollo de la personalidad de Emmanuel".
En verdad, el filme cuenta la historia de aquel campesino, José Crisanto Gómez, que se ve acorralado por la presión de las FARC, que le exigen al niño de vuelta, y el gobierno, que lo acusa de guerrillero.
Farruco Castromán, productor de la película, agradeció hoy a las autoridades por permitir la difusión de la cinta, que comenzará a exhibirse en marzo.
Según la película, el chico, gravemente enfermo, fue llevado por Crisanto y su familia a un hospital donde el Estado, que desconocía la identidad del niño y las circunstancias de su nacimiento, se quedó con la tutela.
Las productoras de la película, las españolas Tormenta Films y Zircozine, y la francesa Ajoz Films, sostienen que la cinta no vulnera los derechos de Emmanuel porque el argumento se centra en la historia de José Cristanto y su familia.
El productor Castromán contó, en una reciente entrevista con EFE, que Crisanto leyó el guión antes del rodaje de la película y participó en la promoción en Europa.
La producción franco-española está dirigida por Miguel Courtois, protagonziada por Luis Tosar y se estrenó en España el 5 de diciembre.
Crisanto Gómez expresó al sitio del diario El Tiempo su "satisfacción" por la habilitación que decidió la justicia. "Con esto gana Colombia, que tendrá la oportunidad de conocer una historia real. Esperemos que ahora con la apelación no haya impedimento para cumplir como se tenía planeado con el lanzamiento en marzo de la película", manifestó.
El director Courtois, en tanto, detalló que la película se sustenta en "una larga investigación", que fue rodada íntegramente en Colombia y que hasta tuvo el respaldo del mismo Ejército y consideró "un escándalo que el público colombiano no pueda opinar sobre su historia reciente".
El mismo diario El Tiempo reveló hace unos días algunos correos electrónicos entre Rojas y los productores, en busca de un acuerdo económico.
Rojas fue secuestrada en el 2002 en San Vicente del Caguán mientras hacía campaña junto a Ingrid Betancourt, y fue liberada en enero del 2008, como parte de los "desagravios" que las FARC hicieron para con la senadora Piedad Córdoba.
Esa liberación fue demorada, según el gobierno, porque la guerrilla no tenía en su poder a Emmanuel, el hijo que Rojas había tenido por su relación con un insurgente y que ya estaba en un organismo del Estado.
Fuente: Télam