El oficialismo, bastante alicaído por la protesta social que enfrentó casi desde que tomó el poder en marzo de 2010, recibió a Bachelet desafiante. Sus dos principales presidenciables para las elecciones de noviembre coincidieron en que el retorno de la ex mandataria abre una nueva etapa en la carrera hacia La Moneda.
"Ahora empieza la verdadera competencia electoral y yo espero que la candidata del Partido Socialista recorra nuestro país, vea cómo lo hemos reconstruido después del terremoto, vea cómo hemos progresado, cómo hemos crecido, cómo hemos generado empleos, vea el progreso que hay", comentó el precandidato presidencial de la oficialista Unión Democrática Independiente (UDI), Laurence Golborne, en Copiapó, donde adquirió renombre por haber estado al frente en 2010 del exitoso rescate de los 33 trabajadores de la mina San José.
En tanto, Andrés Allamand, precandidato por Renovación Nacional (RN), el partido del presidente Sebastián Piñera, consideró positivo el retorno de Bachelet e iniciada con él una "contienda democrática" en la que los chilenos verán "ahora cuáles son las propuestas para que el país siga en el camino de progreso que se encuentra desde ya hace cuatro años".
Las cifras que vienen marcando sin altibajos la carrera presidencial en las encuestas de los últimos meses fueron renovadas esta semana con un sondeo del Centro de Estudios Públicos (CEP), en el que Bachelet se alza con 54 por ciento de intención de voto, separada del resto de los eventuales contrincantes por una enorme brecha que la pondría de vuelta en la Presidencia en primera vuelta.
Golborne, exministro de Obras Públicas, hasta el momento la mejor carta que juega la gobernante Alianza por Chile, reúne 15 por ciento de la intención de voto; el candidato independiente del Movimiento Progresista (PRO), Marco Enríquez Ominami, ocho por ciento, y Allamand, extitular de Defensa, siete por ciento.
Golborne y Allamand deberán medirse en las internas del 30 de junio, igual que Bachelet, quien postulada por su Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD) tendrá que competir con los candidatos de los otros socios de la Concertación: la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD).
Todo indica que la postulante del PS será finalmente la candidata de la Concertación, ya que Bachelet se enfrenta a competidores internos que obtienen porcentajes inferiores a cuaro por ciento en los sondeos.
Ya en campaña, la exjefa de Estado deberá sortear el lastre de la investigación judicial sobre los errores en la coordinación de la alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010, que dejó 181 muertos, por los que están procesados ocho funcionarios de su gobierno y por los que el oficialismo intenta hacerla responsable.
Otro tema sensible que le puede restar apoyo es la deuda con la educación. La bancada de la Concertación en Diputados intenta llevar a juicio político al ministro de Educación, Harald Beyer, por no fiscalizar a las universidades privadas, una herida más del sistema educativo, de la que muchos también acusan a la propia Concertación.
Buena parte del movimiento estudiantil, que con sus protestas coadyuvó al derrumbe a pisos históricos de la imagen presidencial, encarnada en Piñera, ven en Bachelet una traidora a sus reclamos por no haber sido atendidas sus demandas tras las movilizaciones de 2006.
De hecho, el Partido Comunista (PC), de cuyas filas proviene la mayoría de los militantes estudiantiles, adelantó que esperará a ver si Bachelet incluye en su programa la reforma del sistema educativo y otras modificaciones de fondo para decidir si la apoyará o si irá con candidato propio.
Además, la sociedad, que experimentó cambios radicales de conducta en los tres años que la expresidenta estuvo fuera del país, la pondrá ante demandas electorales nuevas, como la recuperación de los recursos naturales, la revisión de las privatizaciones, la autodeterminación política del pueblo mapuche, el insostenible hacinamiento carcelario y la renacionalización del cobre.
De ganar las elecciones, Bachelet estará frente a dos grandes desafíos históricos que se retroalimentan: la gran desigualdad social y la crisis de representatividad política emanada del sistema electoral heredado de la dictadura pinochetista.
Pese al auge económico que puede exhibir Piñera como capital político -con tasas de crecimiento y de desocupación de seis por ciento, baja inflación, alta inversión y ausencia de deuda fiscal-, la décima parte de la población de Chile se queda con casi 50 por ciento de los recursos, lo que lo ubica como el segundo país más desigual de la región. Revertir este escenario requerirá una profunda reforma tributaria que afectará variados intereses.
El Congreso, resorte de las reformas, demostró desde la vuelta a la democracia, en 1990, incapacidad para encarar cambios profundos, en parte porque está atado al sistema electoral binominal, creado por la Constitución pinochetista para impedir las mayorías legislativas y dejar al parlamento en un casi permanente equilibrio de voluntades vedando, prácticamente, los escaños para los partidos que no se enrolen en alguna de las dos grandes alianzas.
Al anunciar su candidatura, Bachelet dio la primera señal sobre ese diagnóstico. "Aún hay muchas cosas por hacer para que nuestro país sea un mejor país para todos y todas, y quiero también poder contribuir en eso, para generar otras condiciones para que Chile sea un país más justo y solidario y más participativo", dijo en lo que se puede considerar su primer discurso de campaña.
Fuente: Télam
