"Yo no voy a manifestarme sobre lo que pueda decidir el gobierno de Italia sobre este tema, es temprano para hacer comentarios", sostuvo Figueireido en un pasillo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en Brasilia, según publicó la agencia ANSA.
"Recién es lunes, todavía no se hicieron consultas con la Embajada de Brasil en Roma para analizar un eventual pedido de extradición de Pizzolato", apuntó, tras lo cual señaló que prefería no abundar en el tema.
La Policía Federal informó el fin de semana que había solicitado a Interpol que incluyera a Pizzolato en la "lista roja" de los delincuentes a ser detenidos en cualquier lugar del mundo.
El viernes, el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) ordenó la detención de 12 implicados en el Mensalao, entre los que figuran el hombre fuerte del gobierno de Luiz Lula da Silva, José Dirceu, varios ex dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
Henrique Pizzolato huyó a Italia hace más de un mes a través de Paraguay, pese a que sus pasaportes habrían sido retenidos
Entre ellos está también Pizzolato, que fue director de Marketing del Banco do Brasil en el primer gobierno de Lula y antes de ello participó en el equipo de campaña del ex presidente.
Pizzolato huyó a Italia hace más de un mes a través de Paraguay, pese a que sus pasaportes habrían sido retenidos.
La embajadora italiana en Asunción, Antonella Cavallari, negó que la sede diplomática hubiera emitido un pasaporte al prófugo.
En relación con el pedido de extradición, un columnista informó en una radio de la cadena Globo que asesores del Palacio del Planalto reconocieron informalmente que resulta poco probable que Italia acceda a deportar a Pizzolato.
Brasil e Italia firmaron en 1989, y entró en vigor en 1993, un tratado de extradición cuyo artículo sexto indica que cada parte se reserva la prerrogativa de no deportar a un connacional pese a que éste tenga una sentencia firme en el otro país.
Por otra parte, pesa en la relación bilateral el caso del italiano Cesare Battisti, condenado a prisión perpetua en su país por terrorismo y al que Brasil no sólo se negó a extraditar sino que además concedió refugio político, lo que generó un roce diplomático hace dos años.
En tanto, la Orden de Abogados de Brasil (OAB) denunció que existe "ilegalidad" y "arbitrariedad" en el arresto del diputado José Genoíno, del PT, uno de los encarcelados durante el fin de semana por el caso de corrupción, reportó la agencia DPA.
Según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, Wadih Damous, en razón de su delicado estado de salud tras someterse a una cirugía cardíaca, Genoíno, de 67 años, no podría estar en una cárcel.
El propio Genoíno denunció la ilegalidad de su situación en un comentario publicado en su Twitter, en el que afirma que se considera "preso político" y que está "muy enfermo".
"Si yo me muero aquí, el pueblo libre de este país que ayudamos a construir sabrá apuntar a mis verdugos", subrayó.
Fuente: Télam
