La titular del juzgado, Claudia Donoso, ponderó en su fallo "la gravedad de las violaciones a los derechos humanos" a que fueran sometidos los demandantes, reconocidos oficialmente como víctimas del Estado en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, según reportó la agencia de noticias EFE.
La magistrada rechazó un recurso del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para prescribir el caso, por considerar que "no es posible sostener, a juicio de esta sentenciadora, que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso del tiempo".
"Ello significaría un desconocimiento del Derecho Humano conculcado", remarcó la jueza, cuyo fallo obliga al Estado chileno a pagar a cada demandante 150 millones de pesos, equivalentes a 319.000 dólares.
Fuente: Télam
