Durante un encuentro con estudiantes de una academia militar, el funcionario sostuvo que "los desafíos y los conflictos políticos, económicos, sociales y de seguridad que afronta Egipto en la actualidad suponen un amenaza verdadera para la seguridad y la unidad del país".
"La continuación de esta escena sin que sea resuelta por todas las partes llevará a consecuencias graves que influirán en la estabilidad", apuntó El Sisi, según la agencia de noticias EFE.
El ministro aseguró que, ante este panorama, las Fuerzas Armadas permanecerán como "la columna fuerte sobre la que se basa el Estado egipcio".
En ese sentido, el despliegue del Ejército en las provincias de Port Said y Suez (noreste) "tiene el objetivo de proteger objetivos cruciales y estratégicos del Estado, sobre todo el canal de Suez, que nunca permitiremos que sea tocado", destacó El Sisi.
El militar reconoció que las Fuerzas Armadas afrontan un problema a la hora de no interferir en el derecho de los ciudadanos a manifestarse y proteger a su vez las instalaciones "cruciales" que afectan a la seguridad nacional.
Eso requiere, en su opinión, que las protestas sean pacíficas para evitar la violencia.
Sin embargo, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, se mostró en desacuerdo y condenó hoy el "uso extremo de la fuerza" ejercido por las fuerzas de seguridad egipcias en la represión de las protestas civiles de los últimos días.
"La Alta Comisionada mostró su alarma ante la gran violencia y el número de muertes de los últimos días, muchos de ellos provocados por el excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad", dijo en rueda de prensa su portavoz, Rupert Colville.
Colville indicó que Pillay está muy alarmada porque las fuerzas de seguridad egipcias "están haciendo un uso desproporcionado de la fuerza contra sus propios ciudadanos" y dijo que recordó a las autoridades egipcias que el estado de emergencia no implica dejar a un lado la protección de los derechos humanos y fundamentales de sus ciudadanos.
"El toque de queda y el estado de emergencia debe estar conforme con la ley, debería ser supervisado por el poder judicial, los derechos humanos deberían ser protegidos y esperamos que se limite a los 30 días anunciados", dijo.
"El estado de emergencia no implica que se pueda privar la vida, que se pueda torturar, que se puedan aplicar tratamiento degradante o humillante y las leyes fundamentales tienen que seguir reinando", agregó Colville.
Ayer, la cámara alta del Parlamento, que asumió todo el poder legislativo por la disolución de la cámara baja, aprobó un proyecto de ley presentado por el gobierno que autoriza al Ejército a velar por la seguridad y a detener a civiles.
Más de cincuenta personas murieron en Egipto desde el viernes pasado, cuando comenzaron los disturbios con motivo de la conmemoración del segundo aniversario del inicio de la revolución que derrocó al régimen de Hosni Mubarak.
A esos choques se sumaron el sábado los enfrentamientos desencadenados en Port Said (noreste) entre manifestantes y policías tras conocerse la decisión de un tribunal de recomendar la pena de muerte para 21 acusados por participar en la matanza de 74 personas hace casi un año en el estadio de fútbol local.
Anteayer, en un intento de frenar la violencia, el presidente egipcio, Mohamed Mursi, declaró el estado de emergencia y el toque de queda en Suez, Ismailiya y Port Said, pero anoche miles de personas desafiaron esas medidas saliendo a las calles.
Fuente: Télam
