El destituido ministro de Educación se refirió a la votación y expresó con lágrimas en los ojos que iba a seguir trabajando por la educación y concluyó diciendo que "ha primado la peor cara de la política".
Este resultado corrobora la votación realizada el 4 de abril por la Cámara de Diputados, donde se aprobó la continuidad del curso de la acusación por 58 votos a favor contra 56 en contra.
La acusación ingresada ante el Congreso de Chile el 20 de marzo por Diputados opositores cuenta de tres capítulos: Infracción al principio de probidad, es decir, se acusa al ministro de haber faltado a la verdad al señalar que no poseía las facultades necesarias para investigar y sancionar las denuncias sobre el lucro en las universidades.
El segundo tiene relación a la falta de control jerárquico, ya que la División de Educación Superior y el Servicio de Información de la Educación, que corresponden a la cartera, manejaban información sobre movimientos financieros de universidades hacia sociedades relacionadas y no fueron investigadas.
Por último, se le imputa de incurrir en la omisión de sus funciones ministeriales ante una supuesta negativa por cumplir su rol fiscalizador al lucro, a pesar de recibir varias denuncias de distintas fuentes.
La votación se dividió en tres partes y fue justamente la tercera la que significó la destitución del ministro de Educación, ya que la primera y segunda votación, correspondientes al primer y segundo capítulo fueron rechazadas.
Esta es la tercera vez en la historia de Chile en que un ministro de Educación enfrenta una acusación constitucional. La primera fue en 1997 contra José Pablo Arellano, durante el Gobierno de Eduardo Frei; y la segunda contra Yasna Provoste, sustituida del cargo durante la administración de Michelle Bachelet.
Fuente: Télam
