En su resolución, Gálvez señaló que para ambos ex militares "se llega a establecer que existen fundamentos serios para someterlo a juicio oral y público por la supuesta probabilidad de su participación en los delitos que se le imputan", por lo que "no ha lugar" a la petición de la defensa.
El magistrado advirtió que la resolución no modifica el actual estatus legal de los sindicados y "se limita a ordenar que el proceso sea conocido por un tribunal de sentencia, que resolverá si existe o no responsabilidad de los acusados".
La audiencia para conocer la resolución del juez Gálvez, quien la programó el pasado viernes, se cumplió en una sala colmada de representantes de sectores vinculados al proceso.
Estuvieron en el lugar familiares y amigos de Ríos Montt y Rodríguez, y activistas humanitarios y familiares de las víctimas de las matanzas cometidas por el Ejército guatemalteco en comunidades del departamento de Quiché, en los ´80.
Antes de la audiencia, Francisco Palomo, uno de los abogados de Ríos Montt, dijo a periodistas que temía por la "presión mediática" nacional e internacional que podía haber sobre el juez Gálvez a favor del envío al juicio.
Para Palomo, si el juez era "objetivo y analiza los medios de prueba" debía sobreseer o archivar el proceso, reportó la agencia DPA y la estatal AGN.
Afuera de la Torre de Tribunales, edificio donde se ubica la sala, activistas humanitarios y dirigentes de organismos defensores de derechos humanos hicieron representaciones de las matanzas de campesinos a manos del Ejército.
Los dos ex militares son acusados por la fiscalía y un querellante de conocer y tolerar, según la línea de mando dentro del Ejército, las matanzas que las tropas hacían en comunidades de Quiché entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt era presidente de facto y Rodríguez jefe de Inteligencia del Ejército.
En esa zona montañosa fueron documentados los asesinatos de 1.771 pobladores de la etnia maya Ixil, en su mayoría mujeres y niños.
La semana pasada se inició la audiencia de apertura a juicio y durante tres días el juez escuchó a cada una de las partes procesales.
Si se les aplica las penas máximas establecidas en el Código Penal de Guatemala por los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad, Ríos Montt podría ser encarcelado hasta por 80 años.
Fuente: Télam
