Dicho acuerdo fue suscrito el 12 de noviembre de 2014 por representantes del Estado mexicano con los beneficiarios de las medidas cautelares dictadas por la CIDH el 3 de octubre para el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre.
El grupo estará integrado por los abogados Francisco Cox (Chile), especialista en derecho constitucional; Claudia Paz y Paz (Guatemala), experta en derecho penal; Ángela Buitrago (Colombia), especializada en ciencias criminológicas, y Alejandro Valencia Villa (Colombia), experto en defensa derechos humanos.
También participará el médico español Carlos Beristáin, especialista en educación para la salud.
Los miembros del grupo tendrán las atribuciones de elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, analizar las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y evaluar el plan de atención integral a las víctimas de los hechos.
En cada una de las tres áreas, el grupo podrá formular recomendaciones técnicas relevantes, señaló la SRE.
"Además, a través del acuerdo, el Estado reiteró su disposición a que, a partir de las recomendaciones, puedan fortalecerse las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas así como las de investigación de casos de desaparición forzada", añadió.
El mandato del grupo será de seis meses y podrá extenderse por más tiempo para llegar al objetivo.
El 3 de octubre de 2014, la CIDH solicitó al Estado mexicano, entre otras cosas, que "adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos" y proteger la vida e integridad personal de los heridos el 26 de septiembre en Iguala, estado de Guerrero.
En esa fecha, seis personas murieron, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecieron a manos de policías locales en colusión con miembros del cártel Guerreros Unidos, de acuerdo con la investigación de la fiscalía, consignaron las agencias Ansa y Efe.
Hasta ahora, sólo uno de los estudiantes desaparecidos ha sido identificado a partir de los restos calcinados enviados por el Gobierno mexicano para su análisis en un laboratorio de Austria.
En este marco, el secretario ejecutivo de CIDH, Emilio Alvarez Icaza, criticó la actitud pasiva del gobierno mexicano ante el tema de las desapariciones forzadas en ese país.
"Esto se sabía desde hace años y no se hizo nada, ­es inadmisible!", dijo titular de esta entidad de la Organización de Estados Americanos, durante un seminario impartido en el Colegio de México, un reputado centro de investigación del país.
En la conferencia "La crisis mexicana de derechos humanos:Qué puede hacer la comunidad internacional?", Alvarez Icaza recordó que en 2011, tras una visita del Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, se denunciaron 64.000 casos conocidos, pero sólo se reconoció como tal.
Fuente: Télam
