"El de Lockett es el segundo caso de sufrimiento extremo reportado en lo que va de este año y causado por el mal funcionamiento de las inyecciones letales", se lamentó el portavoz de Pillay, Rupert Colville, citado por la agencia EFE.
El primer caso fue el de Dennis McGuire, que fue ejecutado en Ohio en enero pasado con una combinación de sustancias que luego se denunció que no fueron probadas previamente.
El Estado de Oklahoma aplazó ejecuciones que previstas para los próximos días tras la orden de que se revisen los procedimientos y protocolos para la aplicación de la pena de muerte.
Sendos órganos de Derechos Humanos de la ONU pidieron reiteradamente a Estados Unidos que evalúe sus métodos de ejecución para evitar el sufrimiento y el dolor severos.
Además, recomendaron que los Estados cuenten con inyecciones letales legales, reguladas y aprobadas por la Administración para la Alimentación y las Drogas, el órgano estatal que regula los medicamentos.
La ejecución de Lockett, de 38 años, fue la última de varias que fueron más largas, agónicas y polémicas de lo esperado, por el uso cada vez mayor de nuevas inyecciones letales frente a la escasez de las convencionales.
También provocó suspicacia la reserva extrema con la que las autoridades estatales se aprovisionan de esos fármacos.
Colville dijo que lo ocurrido en esas ejecuciones refuerza el argumento de que las autoridades en todo el territorio estadounidense deben imponer una suspensión inmediata de la pena de muerte y optar por su abolición.
La pena de muerte es legal en 32 de los 50 Estados de ese país, además de estar permitida a nivel federal y en el ámbito militar.
Fuente: Télam
