"Excepto por lo denunciado esta semana, no hay denuncias por financiamiento ilícito en ocho años", dijo Velásquez, en referencia al caso de lavado de dinero que involucra al candidato a vicepresidente del partido Libertad Democrática Renovada (Líder, favorito para las elecciones generales del 6 de septiembre próximo), Edgar Barquín, su hermano Manuel, diputado del Congreso y el legislador Jaime Martínez.
Si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hace lugar al antejuicio a Edgar Barquín y un juez encuentra pruebas suficientes, "queda sin efecto toda la fórmula, es decir, ninguno de los dos puede participar en los comicios, explicó Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por ese motivo Manuel Baldizón, candidato a la presidencia de Lider, no sólo respaldó a su compañero de fórmula sino que denunció una "conspiración" que busca evitar que su partido acceda al gobierno el 6 de septiembre.
Sin embargo, cuando el titular de la Cicig leyó su informe, decenas de invitados especiales, activistas de derechos humanos, juristas, académicos y embajadores se pusieron de pie y aplaudieron durante cinco minutos la presentación del informe de investigación a cargo del ex magistrado colombiano Velásquez.
"¡Reforma ya!", exclamaron asistentes al acto, en alusión a un generalizado reclamo social, expresado masivamente en las calles, para que el Congreso apruebe, con carácter de "urgencia nacional", una serie de reformas, entre ellas la Electoral y de Partidos Políticos, que permitirían evitar que, como lo señala la Cicig en su informe, el triunfo electoral vuelva a favorecer a los partidos con más capacidad económica y mayormente de origen ilícito.
Desde mediados de abril, cuando el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y la Cicig demostraron el saqueo del organismo recaudador de impuestos y del Seguro Social, se produjeron decenas de detenciones de funcionarios y se desataron masivas movilizaciones populares que exigían la renuncia de Baldetti y el presidente Pérez Molina, así como las reformas de la ley Electoral y de los Partidos Políticos, básicamente para controlar legalmente su financiamiento.
Según la Cicig, existe un sistema ilegal de fondos para los partidos políticos en el que quienes más aportan para campañas de candidatos a presidentes son los empresarios nacionales, proveedores del Estado, medios de comunicación y personas ligadas a estructuras criminales.
En el caso de las candidaturas a diputados, los mayores financistas son ONGs que se alimentan de fondos públicos, explicó Velásquez, y las empresas que trabajan proyectos de construcción de obra pública son quienes aportan más a los candidatos a alcaldes.
Pero también explicó que muchas empresas constructoras son creadas por grupos de narcotraficantes para facilitar el lavado de su dinero negro y controlar las fuerzas de seguridad y penetrar Ejecutivos municipales y nacional.
La investigación de la Cicig mostró el apoyo que las empresas azucareras brindaron a los candidatos presidenciales Alvaro Arzú en 1990 y 1995 y Oscar Berger en 1999. Un consorcio internacional financió a este último candidato en 2003 y luego a Otto Pérez Molina en 2007.
El comisionado Velásquez recomendó impulsar varias reformas al sistema electoral, entre ellas poner freno al "gasto excesivo y desproporcionado" que aumenta sobre todo cuando se aproxima la contienda electoral, y exhortó a la población a analizar y apoyar esas medidas que el Congreso trata de archivar e impedir que entren en vigencia para los próximos comicios.
Para la elecciones del 6 de setiembre, el Tribunal Supremo Electoral fijó un presupuesto de gasto máximo para cada agrupación de unos 7,5 millones de dólares, equivalente a un dólar por cada ciudadano registrado.
En 2011, la mayoría de los partidos no reportó lo gastado en la campaña electoral, según la Cicig, mientras que el gobernante Partido Patriota, Lider y la coalición UNE (Unidad Nacional de la Esperanza)-GANA (Gran Alianza Nacional) superaron ampliamente el techo de financiación permitido.
Por todo eso, Velásquez denunció a los "partidos políticos de franquicia, aquellos que son creados alrededor de dirigentes que los utilizan para ofrecerlos al mejor postor, principalmente para nominaciones a la presidencia, diputaciones y corporaciones municipales".
Fuente: Télam
