Baca exigió al ex presidente Gutiérrez, líder del partido de oposición Sociedad Patriótica, que responda por los sucesos. "Si se pretende decir que Sociedad Patriótica no estuvo directamente involucrado en la conspiración, se estaría mintiendo", aseguró.
El punto culminante fue el levantamiento del Regimiento de Policía Quito 1, el más grande del país, vecino al hospital donde fue gaseado, golpeado y secuestrado por horas Correa
Otro tema que deberá explicarse, dijo el jurista, citado por la agencia noticiosa estatal Andes, es la participación de dirigentes del izquierdista Movimiento Popular Democrático que, trepados en camionetas de la Policía, azuzaron a los ciudadanos a tomar las instalaciones de la Asamblea Nacional (parlamento) e incitaron a apoyar la sublevación.
El supuesto detonante de la asonada fue la aprobación por parte de la Asamblea de la Ley de Servicio Público, que regulaba ciertos beneficios a los miembros de las fuerzas de seguridad, lo que generó malestar, aprovechado por sectores de oposición para provocar protestas.
El punto culminante de la intentona fue el levantamiento del Regimiento de Policía Quito 1, el más grande del país, vecino al hospital donde fue gaseado, golpeado y secuestrado por horas Correa, rescatado por su cuerpo de custodia, mientras una multitud que se movilizaba para exigir su liberación fue violentamente reprimida.
El saldo de la trágica jornada en todo el país fueron ocho muertos y decenas de heridos, además de la ocupación de varios aeropuertos por fuerzas militares y el intento de toma de la televisión pública.
Baca lamentó que en el nivel judicial se haya montado "un verdadero aparato monstruoso para generar impunidad".
Esa impunidad fue garantizada desde el 1 de octubre de 2010, cuando 90 agentes de la Dirección de Inteligencia de la propia Policía, por pedido del entonces fiscal general Washington Pesántez, se hicieron cargo de investigar esos hechos.
Francisco Torres, un asesor del presidente Correa que lo acompañó mientras estuvo secuestrado por los policías sublevados, aseguró a Télam, al día siguiente, que participaron de la asonada civiles de la opositora Sociedad Patriótica que "intentaron borrar la señal" de aire de la televisión estatal.
Tras agradecer el apoyo que dieron entonces la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Torres afirmó que no habrá "impunidad", la que sin embargo se mantuvo hasta ahora, según la denuncia de esta semana del titular de la comisión investigadora.
Otro dato significativo lo dio en aquellos días a esta agencia el presidente de la juventud de la gobernante Alianza País, Santiago Morales, quien recordó que "la misma policía que se sublevó (en 2010), en 2005, cuando un levantamiento popular derrocó al expresidente Gutiérrez, reprimió a la gente y fue el principal y último apoyo del gobernante".
Por otra parte, el reconocido escritor ecuatoriano Jaime Galarza aseguró entonces que el gobierno debería "controlar las redes de inteligencia" que no advirtieron a Correa de la conspiración fraguada, centralmente, en la policía.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien siendo canciller estuvo en Quito en la reunión de emergencia que realizó la Unasur en esas jornadas, dijo entonces a Télam que el intento contra Correa "no lo hacen cuatro policías", sino que, a su juicio, estuvieron involucrados el Pentágono y la CIA estadounidenses.
Fuente: Télam
