En el caso de la primera, su presidente, el populista Ramón Luis Valcárcel, se mostró en contra de la posibilidad de ampliar los casos no punibles de interrupción del embarazo desde que el proyecto fue presentado en el Congreso español, el año pasado .
Debido a que su partido, el PP, interpuso un amparo ante el Tribunal Constitucional para detener la aplicación de la ley (en vigencia desde ayer) en nombre de los "niños por nacer", Valcárcel anunció que prefiere esperar a que se resuelva este punto. "Por el momento, no hay razones para acatar esta normativa. Aún no se ha resuelto todo, y no hay sentencia firme", declaró.
El recurso presentado por el Partido Popular no fue objetado por el gobierno nacional, impulsor de la nueva ley, lo que habilitó a los denunciantes a cuestionar la medida en las regiones a las que representan, más allá de que esté aprobada a nivel nacional.
Desde el PSOE criticaron con dureza la actitud de Valcárcel. "Él acata y hace cumplir algunas leyes, las que le interesan y su gobierno elabora. Pero tendría que estar preocupado porque preside una región que se sitúa a la cabeza de España en número de interrupciones voluntarias de embarazo ", sostuvo Pedro Saura, secretario general de ese partido en Murcia, según publicó el diario La Nación.
La situación en la región de Navarra es diferente. María Kutz, consejera de Salud, señaló que los hospitales de esa comunidad derivarán a las mujeres que soliciten la intervención a centros de salud de otras jurisdicciones . Según explicó, esta decisión se basa en la "inseguridad jurídica" que sienten los médicos existe para aquellos que no quieran interrumpir un embarazo fundamentándose en la "objeción de conciencia".
Fuente: Infobae
