Participó de ella el presidente Santos, la apoyaron los insurgentes, el alcalde progresista de Bogotá, Gustavo Petro, los indígenas en lucha del Cauca, y diversas expresiones sociales y políticas de Colombia, desde liberales hasta la izquierda de Marcha Patriótica.
El jueves, Santos prorrogó por un mes más la suspensión de bombardeos contra las FARC, que ordenó el 10 de marzo pasado
Hoy, antes de recomenzar el diálogo en el ciclo 35 sobre el tema de las víctimas y el abandono de las armas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dieron a conocer un comunicado en el que destacó "la masiva movilización realizada en las principales ciudades colombianas ayer en respaldo a la paz, al cese bilateral del fuego y a la Asamblea Nacional Constituyente".
También rechazaron que, si se alcanza un acuerdo de paz con el gobierno, sus integrantes puedan ser sometidos a los mecanismos de justicia diseñados para "bandas criminales" y reclamaron, en cambio, la aplicación del Protocolo II de Ginebra, referido a "conflictos internos" entre Fuerzas Armadas y gupos disidentes.
El jueves, Santos prorrogó por un mes más la suspensión de bombardeos contra las FARC, que ordenó el 10 de marzo pasado, dijo que podría volver a extenderla, y la fundamentó en que los guerrilleros "han respetado" la tregua unilateral que declararon el 20 de diciembre último.
La insurgencia, por su parte, también sostuvo que la paz no podría ser lograda sin "justicia social", reiteraron su defensa de la Asamblea Constituyente y que "la Colombia de los humildes, que la Colombia de las mayorías, desea y lucha por una paz que le dé buen vivir en libertad y dignidad".
Por su parte, la delegación oficial en las negociaciones, como es habitual, guardó silencio, también en lo que respecta a las "diferencias" que separan a ambas partes.
Pablo Catatumbo, uno de los negociadores más relevantes de las FARC, que leyó el comunicado, también exigió al gobierno que revele sus responsabilidades en la guerra civil, y para ello pidió que desclasifiquen documentos oficiales al respecto y hasta ahora secretos.
"Ya es hora de exigir con vehemencia que se abran los archivos!, y que se discuta de cara al país el asunto de la responsabilidad del Estado. Que se discuta sobre la responsabilidad de los gobernantes en asesinatos", subrayó.
El asunto de la reparación a las víctimas, que comenzará a tratarse a partir de hoy en La Habana, incluye el delicado tema de la "justicia transicional", en la que las partes no logran ponerse de acuerdo.
"Refiriéndose al proceso de paz, ha dicho el presidente Santos que la justicia es el problema. Y sí que es un problema de corrupción, de impunidad y degradación moral, que arrastra consigo la crisis de credibilidad del régimen en su conjunto", precisó Catatumbo.
En ese marco, la guerrilla reiteró su postura de rechazo de penas de cárcel para sus integrantes, amparados en el derecho a la rebelión y la naturaleza política de sus delitos.
"Si bien ha habido conductas que pueden ser imputables dentro del esquema de la definición del Protocolo II (de Ginebra), lo cierto es que no son las FARC las responsables de esta tragedia iniciada por las élites mezquinas que impusieron el terror para mantener sus privilegios", añadió el representante de la guerrilla en las negociaciones de paz.
El guerrillero recriminó al gobierno extender por una "opinión pública manipulada", la idea "electorera y tergiversada de la paz sin impunidad", que sólo alude a "la guerrilla para someterla, sin mirar para nada a los verdaderos determinadores de la victimización, que son las élites de poder".
Fuente: Télam
