Por ahora le esquivan al Partido de la Izquierda, el otro grupo con el que hace cuatro años formó una coalición, a pesar de que su apoyo parece indispensable para tener mayoría clara en un hipotético gobierno.
Su principal rival es la centroderechista Alianza por Suecia, que gobierna desde 2006, con el primer ministro Fredrik Reinfeldt en busca de su reelección.
La Alianza gobernante presenta como principales armas la creación de empleo y los datos macroeconómicos que convierten a este país nórdico en uno de los miembros de la Unión europea (UE) que aparentemente mejor parado salió de la crisis económica.
El primer ministro conservador impulsó bajas fiscales a las empresas y reducciones de impuestos sobre los ingresos de la población ocupada, que crecieron hasta 138.600 millones de coronas (15.000 millones de euros).
Pero las reformas no redujeron el desempleo, que subió dos puntos hasta el 8% (cifra alta para Suecia) y aumentaron la precariedad del trabajo y golpearon a los sectores más desfavorecidos.
Las cifras oficiales ofrecen una imagen alejada del estereotipo idílico sobre Suecia: dos de cada tres desempleados no perciben el seguro de desempleo -que a su vez se redujo un 6%- y dependen de otras ayudas sociales; los sin trabajo de larga duración pasaron del 26 al 33% y la temporalidad en el trabajo aumentó un 22%, consignó la agencia de noticias EFE.
Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo (OCDE) apunta a Suecia como el país miembro en el que más aumentó la pobreza relativa en las últimas décadas, mientras datos oficiales muestran que el 40% de los jóvenes de entre 20 y 25 años en áreas suburbanas no estudia ni trabaja.
Ese trasfondo explica la oleada de disturbios que azotó hace un año la periferia de Estocolmo, con decenas de coches y mobiliario urbano quemados durante una semana.
La centroizquierda apuesta a impulsar la ocupación juvenil con contratos de aprendices y mayor formación, para que Suecia sea en 2020 el país con el índice de desempleo más bajo de la UE.
Uno de los asuntos más polémicos en los meses previos y durante la campaña fue la privatización de la gestión de servicios públicos como la educación, la sanidad o el cuidado a los ancianos, impulsada por el gobierno en sus ocho años en el poder.
La quiebra, poco antes del inicio del curso escolar el año pasado de JB Gymnasiet, que incluía a más de 10.000 alumnos de secundaria en 30 centros; el empeoramiento en los resultados de los alumnos suecos según varios estudios internacionales; y el aumento de la desigualdad entre las escuelas perjudicaron la imagen de la educación.
También salió dañada la sanidad pública, con problemas de sobreocupación incrementados por una reducción de un 9% de camas en hospitales, según datos de la Federación de Municipios y Regiones sueca.
Y el servicio ferroviario, uno de los más desregulados de Europa, cayó en picada con desperfectos y retrasos continuos y una situación precaria que quedó expuesta en verano con una huelga que paralizó varias de las principales líneas de trenes durante dos semanas.
Pero la política del gobierno fue un buen negocio para el sector privado: las cinco principales empresas dedicadas a gestionar servicios públicos ganaron 130 millones de euros en 2012, aunque sólo pagaron 2,8 millones de euros en impuestos, según un estudio del diario liberal Dagens Nyheter.
Un sondeo del instituto SOM, vinculado a la Universidad de Gotemburgo, señala que más del 70% de la población está a favor de impedir que las empresas privadas puedan sacar beneficios de su gestión de los servicios públicos, pero la gran mayoría de los partidos se mostraron reacios a grandes cambios.
Sólo el Partido de la Izquierda defiende una prohibición total, aunque admite la participación de cooperativas, mientras que la Alianza y los socialdemócratas abogan por endurecer el control y los requisitos de acceso a las compañías, una coincidencia nada llamativa.
El Instituto Nacional de Investigación Económica afirma que se necesitan subas fiscales por 10.873 millones de euros antes de 2018 para que no empeore la calidad del sistema de bienestar, pero ambos partidos rechazan la idea aludiendo a que empeoraría la competitividad y perjudicaría la economía y el empleo.
Sin haber cumplido aún los 50 años, Reinfeldt es la referencia histórica de la derecha en Suecia tras sus 8 años en el poder y su condición de primer líder conservador que revalidó el triunfo en unos comicios.
Fuente: Télam
