El nuevo magistrado fue elogiado por congresistas de los bloques de la oposición y el gobierno, algunos de cuyos legisladores lo calificaron como el "mayor constitucionalista" brasileño en la actualidad.
La norma, sancionada por el dictador Joao Baptista Figueireido, determina que es ilegal abrir una causa contra militares y agentes de los servicios de informaciones sospechados de crímenes de lesa humanidad contra opositores al régimen surgido del golpe de Estado contra el presidente Joao Goulart, cuya muerte es investigada por la Comisión de la Verdad.
En 2010 el Supremo Tribunal Federal ratificó la constitucionalidad de esa amnistía y discrepó con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la cual la amnistía debe ser dejada sin vigor.
Barroso declaró que si fuera promovida otra acción para revisar esa ley el alto tribunal deberá pronunciarse una vez más, pero ahora con ministros que no estaban en 2010, lo que puede incidir para que haya otro pronunciamiento.
Cuatro nuevos ministros, el último de ellos Barroso, se incorporaron al STJ desde 2010, cuando fue ratificada la amnistía por considerarla una pieza legal indispensable para garantizar la convivencia entre civiles y militares.
"La Corte Interamericana decidió a favor de la ilegitimidad de la amnistía en ciertos crímenes, y ahora es necesario saber como se relacionan esas dos decisiones", dijo Barroso en referencia al fallo del Supremo Tribunal de 2010.
El presidente del STF, Joaquim Barbosa, declaró hace dos meses que en su parecer llegará el momento en que la ley de Amnistía será revisada por esa Corte.
Durante un encuentro con corresponsales extranjeros en su despacho del Palacio del Supremo Tribunal, Barbosa comentó que es "posible" algún tipo de revisión de la amnistía ya que "ningún" fallo es inmune a la gradual renovación de los miembros de ese cuerpo de 11 ministros.
La polémica sobre una eventual revisión de la ley de Amnistía cobró nuevo impulso tras la creación de la Comisión de la Verdad, por parte de la presidenta Dilma Rousseff en noviembre de 2011.
El diplomático Paulo Sergio Pinheiros y la abogada Rosa Cardoso, dos exmiembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresaron su opinión sobre la necesidad de que en algún momento los tribunales puedan juzgar a los acusados de violaciones de los derechos humanos, lo cual es imposible por el momento debido a la amnistía.
Ambos aclararon, sin embargo, que la Comisión de la Verdad, en tanto órgano consultivo de la Presidencia, puede formularle recomendaciones al Poder Ejecutivo, pero no está autorizado para procesar ni denunciar a nadie ante los tribunales, dado que respeta la legislación en vigor.
Por otra parte, esta semana fue designado como nuevo miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el brasileño Paulo Vannuchi, quien ha expresado sus cuestionamientos a la amnistía.
Fuente: Télam
