Ruibal advirtió sobre la "muralla" que encontrarán en la Suprema Corte fiscales y jueces que pretendan procesar a militares o policías vinculados a delitos de la dictadura, en medio de un tironeo intenso entre el máximo cuerpo judicial y el Gobierno de José Mujica por la resolución de los crímenes cometidos en la última dictadura cívico militar (1973-1985).
Sobre esta base se expidieron los cuatro ministros de la Corte ahora recusados por Tellechea, como explicó la fiscal al sitio Subrayado, cuando votaron a favor de declarar inconstitucional la ley que eliminó los efectos de la denominada ley de Caducidad, que pretendía juzgar las violaciones a los Derechos Humanos en tiempos de la dictadura.
La recusación, de ser acogida, implica que Ruibal, Chediak, Chalar y Larrieux no puedan decidir sobre casos de delitos cometidos en la dictadura que lleguen a la Corte.
El otro ministro, Ricardo Pérez Manrique, es el que entiende que sí se puede aplicar a los delitos de la dictadura, con retroactividad, la figura de lesa humanidad como para que sean imprescriptibles.
El caso que disparó la recusación fue el de Aldo Perrini, detenido el 26 de febrero de 1974 en su casa de Carmelo y trasladado al Batallón de Infantería Nº 4, donde fue según testigos, fue torturado y murió con varias heridas
La Justicia Militar de la época estableció que Perrini murió durante el viaje desde el cuartel de Colonia hacia el Hospital Militar.
Tellechea reconoció que, si prospera la recusación, no sabe "qué debería hacer la Corte al quedarse solo con un ministro efectivo", ya que no hay antecedentes, dijo la fiscal, de una acción contra cuatro miembros del máximo órgano judicial del país.
Tellechea remarcó que su decisión es compartida por otros fiscales penales con los que se reunió en las últimas horas, como informó la edición de hoy del semanario Búsqueda, encuentro que renovó hoy con otros pares que comparten su posición en el sentido de que los delitos cometidos en dictadura son imprescriptibles.
Este nuevo capítulo de la disputa entre la Corte y la Justicia comenzó cuando una fiscal negó la libertad del ex policía Ricardo Zabala, procesado por la muerte del maestro Julio Castro durante la dictadura.
La decisión final de si se libera o no a Zabala es del juez Fernández Lecchini, pero ya se conoce la posición de la fiscal en el sentido de que el homicidio de Julio Castro es un delito de lesa humanidad y no prescribe.
Esta posición choca con lo que decidió la Suprema Corte y por eso fue que su presidente, Ruibal, dijo que cualquier caso que llegue a la corte se encontrará con una "muralla".
Fuente: Télam
