“Cumplí con lo que pidieron las autoridades, pero no hay dónde tirar los cacharros. Sigo aterrada, porque cuando llueva se van a llenar de agua”, dice la mujer, mientras observa a metros de su vivienda, en Amadeo Jacques y Alfredo Palacios, un basural clandestino. “Todos estos objetos juntan agua y son especiales para que se reproduzca el mosquito”, vocifera.
“La responsabilidad de sacar los cacharros no es sólo de los vecinos. Las autoridades también deben planificar qué van a hacer con los vaciaderos ilegales”, añade Gabriel Pérez, otro vecino de la zona.
Sin destino
En la capital, el llamado a descacharrar las casas por parte de las autoridades del Ministerio de Salud no previó desde el comienzo un punto importante: adónde iban a ir esos objetos, que son un ambiente ideal para que se reproduzca el mosquito Aedes Aegypti. Muchos vecinos que sacaron los recipientes terminaron pagando a carreros para que se los llevaran.
Los cacharros recogidos por los recolectores informales, que se movilizan en carros de tracción a sangre, fueron a engrosar las montañas de basura que se forman en unos 200 puntos críticos de la ciudad, especialmente los ubicados a la vera de la autopista.
Ante esta situación, ayer las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente se reunieron con directivos de la empresa 9 de Julio, que tiene la concesión por la recolección y el tratamiento de la basura en la capital.
Ricardo Otrino, gerente de la empresa, explicó que están trabajando normalmente, pero que no pueden hacer frente a cientos de llamados de vecinos. “Nos reunimos con la Secretaría y con el Siprosa para ver cómo armamos un operativo de recolección de cacharros. Y, si llegaran a ser pedidos masivos, no tenemos la estructura para enfrentar la demanda”, aclaró. Según explicó Otrino, los camiones que a diario levantan las bolsas compactan los residuos mientras realizan la recolección. Por eso, se requiere de camiones especialmente destinados a esa tarea. Especificó además que cuando se defina cómo se hará la recolección se habilitará una línea para recibir pedidos.
Las zonas más comprometidas, agregó, están en los barrios de la Costanera, porque allí hay basurales clandestinos y gente que junta cacharros porque vive de ellos. “Por la situación de epidemia de dengue que atraviesa la provincia esto es muy peligroso”, opinó.
Inconveniente
Autoridades de la Municipalidad de la capital dijeron que la recomendación de descacharrar las casas no fue planificada con un operativo conjunto y, como consecuencia, los cacharros se convirtieron en un problema porque fueron a parar a vaciaderos clandestinos.
El primer inconveniente es que las tareas especiales de recolección que realiza la empresa 9 de Julio deben ser abonadas, explicaron. El contrato actual incluye la recolección y el tratamiento de 11.000 toneladas de basura por mes. El excedente se paga entre $ 55 o $ 60 por tonelada, detallaron. A diferencia de los residuos habituales, los cacharros se venden en un mercado especial y luego son reciclados. En Tucumán hay empresas que los compran (tarros, electrodomésticos en desuso y otros) y los revenden en Buenos Aires para reutilizar la materia prima.
Fuente/ lagaceta.com.ar
