Según informaron fuentes oficiales, la misión del FMI se entrevistará mañana con representantes del Banco Central, con quienes evaluarán los resultados de la primera licitación de bonos que entran en el plan canje para salir del corralito.
El subsecretario de Financiamiento, Leonardo Madcur, destacó la necesidad de cerrar este programa de canje "para tener una foto" del sistema monetario, y a partir de allí delinear una política para el sector.
Pero del Fondo sostienen que, más allá de este resultado, el sistema financiero argentino deberá enfrentar un fuerte reajuste, con fusiones de bancos privados, cierres de otros, reestructuración de la banca pública e inmunidad para los funcionarios del Banco Central.
En este mismo sentido, el titular del Banco Central, Aldo Pignanelli, aseveró en los últimos días que "habrá fusiones de entidades, pero es muy difícil estimar la cantidad de bancos que quedarán".
Sin embargo, señaló que "del centenar de entidades existentes hoy hay unas 40 que son operativas", poniendo en duda la suerte del resto, y estimó que "los de mayor crecimiento serán los bancos regionales, en especial los ex bancos provinciales".
Junto a esta misión del FMI, llega una de técnicos del Banco Mundial (BM), que revisará las pautas de inflación, caída de beneficios y suba de costos de las empresas privatizadas, y reclamará un reajuste de las tarifas.
Lo cierto es que el BM insistirá con esta suba como condición para refinanciar la deuda que el Estado argentino mantiene con el organismo y liberar unos 200 millones de dólares para prefinanciar exportaciones.
El interés del BM obedece a que varias de las licenciatarias de las empresas privatizadas son deudoras del organismo a través de líneas de fomento.
El propio ministro de Economía, Roberto Lavagna, encargó a asesores peronistas del Senado un trabajo sobre cuál debería ser el ajuste de estos servicios que se encuentra congelados desde enero, en virtud a la ley de Emergencia Económica.
{adr}La respuesta de los asesores fue que, en virtud a lo que habían ganando durante la convertibilidad, que superaba en varios casos el promedio de los países desarrollados, las empresas habían amortizado sus inversiones y obtenido grandes ganancias, por lo que desechaban el aumento.
Lavagna desechó el argumento y, según sus allegados, planteó subas que rondarían entre el 4 y 8 por ciento, y a otras empresas no se les daría aumentos pero se las compensaría con una menor prestación de los servicios.
El congelamiento de las tarifas desde enero es uno de los factores que mantuvo el índice de inflación que acumuló en los primeros seis meses del año una suba del 30,5 por ciento, alentada por la suba del 50 por ciento de los bienes, compensada por la estabilidad de las tarifas de los servicios. (Télam)
