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Viernes 02 de Mayo de 2025
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Renegociación de Contratos de Privatización

Quinteros: "La Comisión deberá resolver la situación en base a un sacrificio compartido"

El subsecretario de Servicios Públicos, Víctor Quinteros, explicó ayer que la propuesta de la empresa distribuidora de energía de elevar en un 29,2 por ciento la tarifa del servicio, se trata de“una propuesta”en el marco de las negociaciones que se concretan.“No existe una definición en el sentido que vaya a aplicarse el aumento solicitado por Edecat ya que se trabaja con distintas alternativas”, afirmó.

Quinteros declaró ayer que en el marco de trabajo que lleva adelante la Comisión de los Contratos, Edecat presentó una propuesta sobre cómo los afecta a ellos la emergencia económica y cuál es la alternativa para salir de la misma.

“Viendo que hay un costo de operación y mantenimiento que aumentaron a consecuencia de la emergencia y la modificación de las reglas cambiarias, Edecat planteó la necesidad de aumentar la tarifa en un promedio del 29,2 por ciento”, especificó, dejando aclarado que“esta es una propuesta de la empresa formuló en el marco de la renegociación de los contratos de privatización”

El titular de Servicios Públicos explicó que la Comisión específica, no tiene únicamente como objetivo“ver la incidencia de costos de operación y mantenimiento de la empresa para trasladarlos directamente a las tarifas”, sino que también debe considerar otros principios, como por ejemplo la accesibilidad de los usuarios a los servicios públicos.“Se debe tener en cuenta que la situación de emergencia no se plantea solamente para la empresa prestadora del servicio, sino también para los usuarios que, ante la emergencia económica y la modificación de las reglas de juego, ha significado una pérdida en su poder adquisitivo”, afirmó.

Además, el funcionario opinó que si se produce un aumento en la tarifa de energía, lo más probable es que“no puedan pagar una gran franja de usuarios y, en consecuencia, no puedan acceder a los servicios públicos, por lo que debe quedar en claro que los objetivos de la Comisión no son solamente considerar los costos que tienen las empresas para trasladarlos a las tarifas, porque eso sería materia de una revisión extraordinaria”

Luego, indicó que la Comisión que trata el tema deberá resolver la situación“en base al sacrificio compartido”, lo que significa que“las empresas tendrán que hacer el sacrificio que deban hacer y los usuarios, sin perjudicar su accesibilidad a los servicios públicos, aporten en el marco de la emergencia económica”

De la FEC

Por otra parte y con relación a la afirmación de la Federación Económica de Catamarca que sostiene que el Gobierno no puede participar de las conversaciones que lleva adelante la Comisión de Renegociación de Contratos de privatización por su condición de deudor con la empresa privada, Quinteros aseveró que el Estado es quien debe encarar esa tarea“porque es quien ha firmado el contrato y el poder concedente”

Y en relación a esa declaración, puntualizó que“lo que dice FEC es porque el Estado provincial a través de distintos organismos que tiene una deuda en concepto de consumo de energía, no es hábil para negociar”

“Esto no es así, porque la propia Ley de Emergencia establece el ámbito en el que se debe realizar la renegociación como también cuáles son los temas que se deben observar”, especificó. Aclarando posteriormente, que“si bien el Estado provincial tiene una deuda, esa deuda no es materia de renegociación, es decir, no se trae a la mesa de renegociación a los efectos de cambiar deuda por instalaciones, por ejemplo. La renegociación es ver cuál es el impacto que tiene la emergencia económica en la situación de las empresas y de los usuarios, para ver, si es necesario, retocar el contrato mientras dure la emergencia; esto es hasta diciembre de 2003”

Posteriormente, afirmó que“desde el punto de vista político, técnico y fundamentalmente, legal, el Estado es el que debe llevar adelante esta renegociación porque es el que ha firmado el contrato y el poder concedente”

“Es decir, que jamás se lo puede invalidar al Estado diciendo que no puede llevar adelante la negociación. La debe realizar por imperativo legal”, aseveró finalmente.


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