La diputada nacional María Teresa Colombo de Acevedo, calificó como "violatorio a la Ley de Emergencia Económica Nacional" la autorización, mediante decreto del Poder Ejecutivo, del aumento tarifario en los servicios de gas y electricidad. Y adelantó que desde el Bloque del Frente Cívico y Social, en el Congreso de la Nación, trabajará por la derogación del decreto.
La legisladora dijo que el Poder Ejecutivo Nacional "no tiene facultades delegadas por el Congreso de la Nación para proceder en ese sentido, de manera se está violando la Ley de Emergencia Económica que ha sido sancionada el 6 de enero del 2002".
En tal sentido, recordó que "para incrementar tarifas de servicios públicos o renegociar contratos con empresas, hay un marco legal dictado por el Congreso de la Nación que prevé una serie de mecanismos con audiencias públicas, participación de usuarios y deja completamente vedado que uno solo de los poderes del estado, en este caso el Poder Ejecutivo, pueda por decreto disponer de esta medida".
También, manifestó que "la única necesidad y emergencia que puede explicar esta actitud absolutamente ilegal del Poder Ejecutivo Nacional es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos costó 2.500 millones de dólares de reservas, que se desembolsaron en pago de intereses hace poco días", añadiendo que esto significó "que baje el nivel de reservas del Banco Central de 10.000 millones a 8.000, comprometiendo seriamente la estabilidad de nuestra moneda".
Mas adelante, consideró que el presidente del Banco Central Prat Gay "se excedió en su competencia al permitir girarle a la Tesorería de la Nación semejante suma para que se cumpla este pago, aceptando la garantía de la base monetaria. Esto significa abrir en riesgo de inflación y no proceder como debe hacerlo, que es de preservar el valor de la moneda".
Colombo remarcó que "el Congreso debe hacer derogar ese decreto" y adelantó: "vamos a presentar un proyecto de Ley para que se deroguen estos incrementos".
Planes Jefas y Jefes de Hogar
Por otra parte, y en alusión a conceptos expresados de la ministro de Trabajo, Graciela Camaño, en referencia a la existencia de piqueteros rentados, Colombo acusó: "puede ser que haya piqueteros rentados, pero también existen punteros políticos rentados del sector al que pertenece la ministro que manejan, hacen y deshacen operativos con los programas sociales".
La diputada nacional opinó, además, que Argentina, al hacer un desembolso de 2.500 millones de dólares "consiguió que el Banco Mundial le preste 600 millones para garantizar el financiamiento de los planes sociales hasta el 31 de diciembre de 2003". Y al respecto, recordó que en el Congreso "votamos la Ley de Presupuesto 2003 en la garantía de financiamiento de los programas para que continúen hasta el 31 de diciembre de este año".
Por último, Colombo expresó que estas situaciones se generaron por que "no hay seriedad en la administración del Plan Jefas y Jefes. Reconozco que la problemática del desempleo es tremenda y difícil de administrar a lo largo y a lo ancho del país. Pero para ello están las estructuras provinciales, los gobiernos provinciales, que mediante convenios transparentes podrían haber participado para garantizar que esto realmente llegara a quienes lo necesitan".
