La Cámara de Diputados, durante la vigésima tercera sesión que llevó a cabo hoy, aprobó con modificaciones el proyecto que presentaron los legisladores justicialista Lorenzo Villagra y Nestor Tomassi. La iniciativa, obtuvo media sanción con el voto afirmativo de la bancada del Frente Cívico y Social, en tanto el arco opositor que pretendía que el proyecto fuera aprobado sin que sufriera alteraciones, se pronunció en contra de los cambios introducidos.
Por otra parte, en el transcurso de la maratónica sesión que comenzó a las 11,30 y concluyó a las 15, los diputados aprobaron la modificación del inciso c) del artículo 2º de la ley 5062 de creación del registro de deudores alimentarios y la creación del programa provincial Maestros de Hospital.
También, el plenario declaró de interés legislativo el primer congreso sobre violencia familiar a desarrollarse en nuestra provincia del 28 al 30 del corriente y el congreso internacional de montañas, tierra, sociedad y ecoturismo que dio inicio hoy y se realizará hasta el viernes próximo, 22 del mes en curso en El Rodeo, departamento Ambato.
Del mismo modo, fue declarado de interés parlamentario el libro del doctor Pablo José Loumagne Catamarca de Antaño - Fotografías 1845/1935, y las XV Jornadas Argentinas de Taquigrafía Parlamentaria y el II Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial que entre el 6 y 8 de diciembre, tendrán lugar en la ciudad de Buenos Aires. Además, se resolvió solicitar informes al Poder Ejecutivo sobre la problemática de los incendios forestales.
La modificación a la ley 5064
El proyecto, tal como fue aprobado y girado al Senado para su correspondiente tratamiento, propone modificar el artículo 2º de la ley 5064, que según la redacción de la iniciativa se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a renegociar, en su caso, los contratos comprendidos en lo dispuesto en el artículo 1º de la ley.
En el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos deberán tomarse en consideración el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y planes de inversión cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos y la rentabilidad de las empresas.
La legislación establece además la creación de una comisión bicameral de seguimiento que deberá controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo Provincial. Dicha comisión deberá tomar conocimiento de las distintas etapas de renegociación y una vez concluidas se emitirá dictamen en el plazo perentorio de quince días, el que será comunicado a ambas Cámaras, al ENRE, a las asociaciones de usuarios y consumidores y a otras vinculadas con el tema especifico, con personería jurídica y a otras personas públicas o privadas, físicas o jurídicas, interesadas que lo solicitaren mediante petición escrita y fundada del mismo. El Poder Ejecutivo, previa consideración del dictamen emitido, o en su caso vencido el término para hacerlo, dictará el acto administrativo correspondiente.
La comisión bicameral será integrada por seis senadores y seis diputados elegidos por las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia, respetando la pluralidad de la representación política de las Cámaras. El presidente de la comisión será designado a propuesta del bloque político de oposición con mayor número de legisladores en la legislatura.
Manzi, la voz cantante desde la oposición, cuestionó que lo que se aprobóhace mejorar la mecánica de intervención de la comisión bicameral, pero no avanza sobre la vinculación del dictamen y deja las cosas de fondo tal cual están”, y luego de reclamar que a la Constitución, sobre la que se asentó el principal argumento del oficialismo,hay que interpretarla globalmente y no parcialmente”, esgrimió queel derecho del Poder Ejecutivo de firmar los contratos no hubiera colisionado con el dictamen vinculante de la legislatura”
La fundamentación de la modificación que introdujo el bloque frentista, expuesta por Ana María Gómez, radicó en quela autorización que se confiere al Poder Ejecutivo para renegociar se sustenta en la emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarado en normas legales, nacional y provincial, poniendo en ejercicio el poder de policía de emergencia del Estado”
Gómez, puntualizó queconstituye un objetivo primario en este proceso procurar, en la medida de las posibilidades y con el criterio de sacrificio compartido, adecuar de común acuerdo a los contratos de concesión durante el periodo de emergencia declarado hasta el 10 de diciembre de 2003, sin introducir cambios estructurales a efectos de preservar la vida del contrato y las condiciones originariamente pactadas con miras a su restablecimiento futuro”
En mérito a dichas consideraciones, es el poder administrador el que detenta las facultades como parte del contrato para su renegociación en esta emergencia, por ello y a fin que este Poder Legislativo ejerza su verdadero rol de contralor en este proceso, es que la modificación que incorporó nuestro bloque radica en clarificar este punto en cuanto a la seguridad y publicidad del dictamen emitido por la comisión bicameral para que el mismo sea tenido en cuenta por el Poder Ejecutivo antes de la emisión del acto administrativo correspondiente”, amplió.
El diputado José Sosa, en tanto, centró su análisis en las atribuciones del Poder Ejecutivo para definir la renegociación de los contratos, apelando a la Constitución y a principios y doctrinas del Derecho Administrativo. (Prensa Diputados)
