El inmueble a expropiar, ocupado actualmente por más de ochocientas familias, identificado por ante la Administración General de Catastro bajo matrícula catastral 07-24-09-1166, y por ante el Registro de la Propiedad Inmobiliaria bajo matrícula folio real 9752 de fecha 01/10/1986, con una superficie afectada de 383.105,80 m2, tendrá como destino la regularización de la situación dominial de la totalidad de los habitantes del denominado asentamiento Santa Marta, la cual posteriormente será objeto de un plan de urbanización conforme la normativa vigente, a realizar por parte de los equipos técnicos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo y de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.
El gasto total que demande el cumplimiento de la ley, será imputado a Rentas Generales de la provincia. Además, la iniciativa faculta al Ejecutivo a tramitar, por intermedio de Fiscalía de Estado, el juicio de expropiación correspondiente.
Como es de dominio público, el propietario del referido predio inició una acción de reivindicación ante el Juzgado Civil y Comercial de Cuarta Nominación, que se tramita por expediente 127/01 “Jalil, Antonio Aníbal c/Barros, Néstor Eduardo y otros s/acción reivindicatoria”, en el cual se dictó sentencia definitiva, que se encuentra firme y consentida. Dicho fallo hace lugar a la acción reivindicatoria interpuesta por Jalil, ordenando a los accionados para que en el término de quince días de firme la sentencia restituyan al propietario la fracción de terreno bajo apercibimiento de ser desalojados con el auxilio de la fuerza pública.
El proyecto de ley, que al momento de la votación solo registró la abstención del diputado Raúl Jalil(FPV) y al que por sugerencia del diputado Fidel Saenz(Diputados del Partido Justicialista) le hicieron el agregado para que diga que el inmueble además del carácter de utilidad pública sea de interés general, no estaba en los planes ser abordado esta mañana. De hecho, al tomar estado parlamentario, como la práctica parlamentaria lo establece, fue girado a la comisión de Legislación General, inclusive la presidenta del bloque del Frente Cívico y Social(FCyS), Marta Grimaux de Blanco mocionó para que la consideración del mismo se hiciera en la sesión extraordinaria que iba a realizarse el lunes venidero, a las 18, “como se acordó en la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, realizada ayer, con la presencia de los presidentes de todos los bloques”. Sin embargo, el presidente del bloque Diputados del Partido Justicialista, Oscar Vera, propuso que “por la premura del caso” la Cámara se constituya en comisión y sea tratado sobre tablas “ante la gravedad del hecho y el problema social que se va generar teniendo en cuenta que ya hay sentencia firme de la justicia provincial”.
El oficialismo, después de un cuarto intermedio, aceptó no sin antes Grimaux de Blanco recriminarle a Vera no haber comunicado con anticipación esta decisión “para ponernos de acuerdo sobre este tema”. Además, esgrimió que fue ella la que ayer, en Labor Parlamentaria, había sugerido que, si era posible, se lo tratase al proyecto en el plenario de esta mañana, pero que todos los demás presidentes de lasa bancadas opositoras “sin desconocer que la documentación enviada por el Ejecutivo era la correspondiente, coincidieron en que debía pasar a la comisión de Legislación General alegando que era necesario un abordaje más profundo y con el detenimiento que el caso requería, y ante la idea que expuse de sesionar este viernes, se propuso en general, que fue lo que se aprobó, hacerlo el lunes a la tarde”.
La moción de Vera fue respaldada por el bloque Diputados Justicialistas. “Sin ninguna duda que, más allá de la implicancia jurídica, si estamos en este recinto es porque tenemos la más firme voluntad de solucionar este problema con carácter urgente”.
En tanto, la presidenta de la bancada del Frente Para la Victoria(FPV), Egle Altamirano adhirió a la necesidad de pasar a un cuarto intermedio “para compatibilizar ideas” y que derivó luego en el tratamiento y aprobación de la iniciativa del PEP, empero dejó planteó que “la reunión de Labor Parlamentaria tiene que tener un sentido”, a su juicio “este tipo de cosas no tenemos que repetirlas y tener siempre las previsiones del caso, tanto para nuestra situación como para los vecinos de Santa Marta que quieren tener previsión sobre estas cuestiones”.
“Entendíamos ayer que una cuestión de seriedad era que la comisión, más allá que todos estuviésemos de acuerdo en la razón social, examinase con detenimiento este proyecto”, apuntó y pidió a todos sus colegas que “este tipo de cosas no las tratemos de repetir y que nos vamos moviendo con una cierta organicidad porque sino no hagamos reunión de Labor Parlamentaria”.
Ya en tratamiento, hicieron uso de la palabra los diputados de la alianza gobernante Sara Ludueña de Cadó, Juan Carlos Balverdi, Rubén Herrera y Mario Perna. Hicieron lo propio Liliana Barrionuevo(Diputados del Partido Justicialista), Carlos Rosales(Diputados Justicialistas) y Egle Altamirano(Frente para la Victoria).
“Indudablemente el proyecto merece nuestra más profunda atención y resolución, ello en virtud de que se trata nada más y nada menos que dar solución a familias que se han visto en una situación preocupante”, dijo Ludueña de Cadó. A la vez que manifestó que todos los legisladores “somos contestes en que es un problema social que debe ser resuelto”, recalcó que “como representantes del pueblo, vamos a tener que poner un poco más el acento en este tema de los asentamientos para ver de qué manera se da solución a este problema que padecen estas familias hoy, pero que quizás luego volvamos a tener problemáticas similares”.
Balverdi, en tanto, luego de agradecer el apoyo de los bloques de la oposición, resaltó “el funcionamiento armónico” de los tres poderes del Estado. “Hubo una sentencia judicial que está firme, que nadie la reprocha, ese disparador conduce a una movilización social, que son los que sienten el problema, y la solución viene con el resumen republicano a través de la participación del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo”, subrayó.
Consideró que habiendo esta comprensión lúcida, desapasionada y armónica de este Poder legislativo, creo que el Poder Ejecutivo va a tener la mejor arma para defender de la mejor forma posible, no solo el interés social de los afectados en este caso, sino el de toda la provincia”.
Asimismo, remarcó que “ahora viene el gran trabajo que nos debe ocupar, incluso haciendo un mea culpa por la demora, porque el de la tierra, en Catamarca, el Norte y en gran parte del país, no es un tema menor, incluso afectando a países hermanos de Latinoamérica”, y sugirió que, al igual que lo hizo el gobierno nacional creando un área para atender el problema de los sin tierra, “hay que darle mayor fuerza en Catamarca a la resolución definitiva de esta cuestión social”.
Barrionuevo, a su turno, reclamó asumir las “responsabilidades políticas”, instó a “cambiarle la vida a los pobres desde la política”, y ante la eventualidad que se repitan situaciones similares pidió que “nos dejemos de pelear por cosas chicas para ocuparnos de estos temas importantes”.
“El problema de las tierras no se termina con el Santa Marta, empecemos a trabajar todos juntos para lo que se viene”, exclamó.
En tanto, Rosales, expresó que el Estado “tiene deudas pendientes”, puntualizó que “hay numerosos casos de marginación social”, exhortó a poner en marcha una propuesta “ordenada e integral para la solución de esta problemática”. Por su parte, Altamirano, dijo que el espíritu de los parlamentarios fue el de tratar “a la brevedad” este tema”, opinó que el debate debe ser “más amplio y no circunscripto solo al Santa Marta”, advirtió que “el problema es grave y requiere una solución de fondo, porque hay muchos asentamientos”.
A su vez, Herrera, afirmó que “alegra y reconforta que con celeridad del caso estemos tratando un tema tan sensible”, sostuvo que “esto es parte de seguir en la búsqueda de la solución definitiva”, y aseguró que el gobernador Eduardo Brizuela del Moral “entiende y atiende estas situaciones”.
16/03/06
