Las citaciones se resolverán apenas termine el análisis de 65 contratos que se realizaron gracias a ese dinero y que fueron secuestrados hace dos semanas en un allanamiento a la Unidad Ejecutiva Central del Ministerio del Interior, explicaron a Télam fuentes del juzgado federal 10.
La investigación se inició en octubre del 2001 a raíz de una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) que recayó en el juzgado federal 10, que está vacante y es llevado provisoriamente por Juan José Galeano, titular del federal 9.
El préstamo abarca a distintos gobiernos, porque comenzó a liquidarse en 1999, a fines de la presidencia de Carlos Menem, pero la llegada de dinero continuó en épocas de la Alianza, ya con Fernando de la Rúa en el poder.
"De hecho la Unidad hoy sigue funcionando, así que tal vez falte llegar algo de dinero o todavía quede un remanente; es algo por determinar ya que ni siquiera está muy claro dónde está el dinero", explicaron fuentes judiciales.
Lo único claro es que en esos períodos algunos contratos llaman la atención, como el que se firmó con profesores y académicos por cursos y conferencias de informática a un valor de 6.000 dólares la hora.
Además, estos mismos profesores "parecieron tener múltiples personalidades porque estaban en distintos lugares a la misma hora y el mismo día", ironizaron quienes conocen la causa.
En el juzgado federal 10 revisan caso por caso cada uno de los 65 contratos secuestrados "para determinar quien fue el responsable de cada uno de ellos, a quién se benefició y qué se hizo con ese dinero que ahora deben devolver con intereses todos los argentinos", resumieron los investigadores.
Luego de esto, se confeccionará el listado de citados a indagatoria, que abarcará funcionarios de distintos gobiernos, ya que ese crédito se recibió en 1999 y todavía se sigue administrando.
La causa judicial se abrió a raíz de una denuncia de la Oficina Anticorrupción que actuó luego que una consultora externa internacional contratada para auditar el uso del dinero detectó las anomalías.
El préstamo del BID, que habrá que reintegrar en dólares, estaba destinado a un programa conocido como "Grandes Conglomerados Urbanos" y el dinero llegó a la Unidad Ejecutora Central que se encarga de administrar todos los préstamos internacionales.
A raíz de la causa judicial, fue desplazado ya el anterior titular de esta Unidad, Alberto Serra, y reemplazado por Eleonora Urrutia.
Las irregularidades fueron detectadas por la consultora internacional "Deloite Touche", contratada por el BID, y parecen haber sido corroboradas por las siete cajas de documentos que funcionarios judiciales se llevaron el 11 de junio último, en un allanamiento que duró 12 horas.
Este procedimiento ordenado por Galeano estuvo a cargo de la división Delitos Complejos de la Policía Federal.
