"Estamos preocupados pues es una situación (el homicidio perpetrado con piedras) muy diferente a como lo hace el crimen organizado", añadió.
Montejano confirmó que los cuerpos de las víctimas se encontraban en la camioneta de uno de ellos. Versiones de la prensa local señalan que los cuerpos tenían atadas las manos y que los cráneos fueron aplastados con grandes rocas.
Sánchez, de 29 años, no tenía militancia política y era maestro de profesión pero decidió asumir la alcaldía de Tancítaro (5.500 habitantes), en el estado de Michoacán, luego de que el anterior alcalde renunciara por presiones del crimen organizado, junto con todo el gabinete del municipio.
En enero Sánchez ordenó la destitución de los 60 policías de la comunidad, que fueron remplazados por elementos de la policía federal.
En esa región del oeste de México tiene una amplia presencia La Familia Michoacana, considerada por Estados Unidos como el más sanguinario de los siete carteles que actúan en territorio mexicano.
El gobierno de México contabiliza más de 28.000 muertes relacionados con la lucha contra los carteles de la droga, desde diciembre de 2006 cuando se ordenó a los militares involucrarse en las acciones contra los narcotraficantes.
En lo que va de 2010, once alcaldes han sido asesinados. De ellos, cinco han muerto en ataques ocurridos desde el 18 de agosto.
El gobierno mexicano ha señalado en estos últimos casos que se sospecha de acciones del crimen organizado o de policías corruptos vinculados a las organizaciones de las mafias de las drogas.
El jueves pasado fue asesinado el alcalde de Doctor González, un pueblo del estado de Nuevo León (fronterizo con Estados Unidos), y menos de 24 horas después se registró otro ataque a balazos en que resultó herido el alcalde electo de Gran Morelos, en el estado de Chihuahua, también en el norte del país.
Autoridades locales en varios estados viven bajo amenazas del crimen organizado contra ellos o sus familias, pero no se atreven a denunciarlo, aseguran en reportes coincidentes la prensa mexicana.
En algunos casos esas amenazas son proferidas cuando los carteles identifican a los alcaldes como colaboradores de grupos rivales o los culpan por remover a policías locales sospechosos de nexos con los carteles.
