"Las resoluciones respectivas indican en los considerandos que, luego de conocidos los fallos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán en las causas por las que eran juzgados (Bussi y Menéndez) y por las que se les impusieran las penas de "Prisión Perpetua e Inhabilitación Absoluta y Perpetua…", tomó intervención la Auditoría General de las Fuerzas Armadas, la que opinó que resultaba procedente dictar la baja de ambos individuos como consecuencia de las penas e inhabilitaciones que se les aplicara a los condenados", agrega el comunicado.
"Ambas resoluciones se adoptan en virtud de las leyes y las normativas militares vigentes", concluye el texto firmado por Puricelli.
Las condenas a prisión perpetua que les dictó a ambos el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF), en el juicio por el asesinato del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse habían quedado firmes al haber rechazado la Corte Suprema de Justicia de la Nación los recursos de queja por denegatoria de los recursos extraordinarios, que habian presentado los genocidas.
El fallo está basado en la imprescriptibilidad de las acciones penales con respecto a esa muerte, por considerarlo un delito de lesa humanidad, al haberse dirigido contra un sector de la población, a partir de un plan sistemático y generalizado que tenía por objetivo la desaparición fisica de los adversarios políticos. Tal concepto de delitos de lesa humanidad goza de plena vigencia en el derecho internacional, reconocido como parte del sistema jurídico argentino en la Constitución nominándolo como Derecho de Gentes.
Asimismo, se consideró que el ejercicio del poder público en alzamiento contra los poderes establecidos por la Consitución, convierte a sus autores en infames traidores a la patria. Por entender que en tal supuesto se está ante un delito constitucional, legislado en 1853, tesis que han desarrollado acabadamente los autores argentinos Marcelo Sancinetti y Andrés Gil Domínguez.
Por otro lado, la responsabilidad personal de los militares condenados como autores, se basó en la teoría concebida por el autor aleman Claus Roxin sobre la autoría mediata por dominio del hecho a través de un aparato organizado de poder, que implica mando, apartamiento del derecho, sustituibilidad de los ejecutores materiales y plena disposición de estos al hecho. Esta concepción doctrinaria se aplicó en el juicio contra Eichmann.
Al haber quedado firmes las condenas de inhabilitación los genocidas perdieron su condición de militares. (El Diario 24.com)
