La causa quedó empantanada por un conflicto de competencia entre la justicia de la ciudad de Buenos Aires y la correccional nacional.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, opinó que entre las amenazas y los golpes "existe una relación tal que autoriza a aplicar el criterio excepcional, aun a pesar de que las conductas habrían tenido lugar con tres días de diferencia".
"Se trata, en efecto, de un único y mismo conjunto de hechos de violencia familiar, sucedidos contra dos de los hijos de la imputada", subrayó el dictamen.
"Parecen ser partes inescindiblemente constitutivas de un mismo conflicto familiar", opinó Gils Carbó y suscribieron los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique PEtracchi, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
Fuente: 26noticias.com.ar
