De esta forma, habría quedado al descubierto una disputa interna entre jueces, fiscales y autoridades de la Procuración bonaerense, surgida con la reforma del Código Procesal Penal bonaerense, en 1998.
"La difusión del pedido de detención (de Carrascosa) produce volcar presión en forma directa y mediática al magistrado que debe analizar las constancias para resolver", consideró en diálogo con Télam el juez de Garantías de San Isidro Juan Makintach. (Télam)