Los estudios están destinados a establecer la relación de los “subsidios y tarifas percibidas” por la empresa TBA, concesionaria del servicio de las líneas Sarmiento y Mitre, y lo “invertido en mantenimiento del material rodante y sistema de vías”, precisaron.
Bonadio estableció “veinte puntos de pericia” sobre los cuales deberán expedirse los peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia, a quienes encomendó el estudio del que podrán participar los expertos “de parte” que fuesen propuestos, indicaron las fuentes allegadas a la investigación que lleva adelante el juez.
En tanto, el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a familiares de víctimas, pidió que el magistrado embargue por mil millones de pesos los fondos que tuvieran depositados en bancos locales, de Estados Unidos, Brasil, Suiza y las Islas Caimán todas las personas a las que se les prohibió la salida del país.
Los informantes revelaron que Bonadio, previo a resolver la solicitud, le indicó al letrado que deberá “integrar una contracautela” del 10 por ciento, tal como lo establecen normas del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación.
El embargo pedido por Dalbón alcanza al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, al titular de TBA, Claudio Cirigliano; y al interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro, entre otros.
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