La fiscalía pidió penas de 25 años de prisión para siete imputados, y 12 años y medio para los seis restantes. La querella, por su parte, solicitó 25 años de prisión para ocho acusados, y entre 23 años y medio y 24 años para los otros cinco.
Hubo coincidencia en reclamar las penas más altas para tres de los cuatro tucumanos: María Jesús y Víctor Rivero –acusados respectivamente de haber ordenado y ejecutado el secuestro de la joven el 3 de abril de 2002, en un remís Cinco Estrellas–; y Daniela Milhein, quien la habría tenido cautiva en su casa. También atribuyeron mayores responsabilidades a los riojanos Lidia “Liliana” Medina y a sus hijos Gonzalo y Fernando “Chenga” Gómez quienes, según otras víctimas de trata, la explotaron en sus tres prostíbulos.
Sin embargo, la querella teme que el fallo sea benigno, en especial hacia los Rivero. Su absolución implicaría no hacer lugar al pedido de investigar a la ex pareja de María Jesús, Rubén “La Chancha” Ale, y a ex altos funcionarios provinciales. Varios factores confluyen en esta presunción: - La investigación, durante 2002 y 2003, tuvo serias fallas. Muchas se deben a lo que la querella considera obstrucción de la justicia por parte de allegados a los Rivero que en ese momento ocupaban cargos políticos. Entonces, María Jesús era dueña de Cinco Estrellas –donde trabajaba Víctor–, junto con “La Chancha” Ale, quien comparte muchas fojas de su frondoso prontuario con su hermano Ángel “El Mono” Ale. El miedo al “clan de los Ale” hizo que testigos clave no se animaran a declarar sobre el secuestro.
- Rubén Ale es compadre de Fernando Juri, entonces secretario de Gobierno de Tucumán; de él dependía el subsecretario de Seguridad, comisario (R) Julio Díaz, quien ordenó medidas que impidieron encontrar a la víctima.
- Ale también es compadre de Ernesto Baaclini, ex secretario de la fiscalía que llevó la instrucción.
- La familia Medina-Gómez –con quienes fue visto Ale– gozaba de amplia protección policial y judicial en La Rioja. Las siete jóvenes que declararon como testigos, fueron rescatadas, o bien halladas en Tucumán por el comisario (R) Jorge Tobar, quien condujo la investigación.
- Por las chicanas de los defensores y la lentitud de la justicia, desde entonces pasaron entre nueve y diez años, por lo que muchos recuerdos se borronearon o se esfumaron.
El otro acusado con chances de ser absuelto es el ex policía riojano Domingo Pascual Andrada. Varias testigos afirmaron que llevaba mujeres de Tucumán a los prostíbulos de La Rioja; pero la única víctima que vio la entrega de Marita a “Liliana” Medina, dio otra descripción. No obstante, las acusaciones sostienen que, al integrar la red, Andrada no podía ignorar que la joven estaba allí.
Al analizar las medidas tomadas o denegadas por los jueces durante estos diez meses, surge que tampoco puede esperarse un fallo riguroso. El temor a recusaciones que pudieran “hacer caer” el juicio, llevó al tribunal a permitir incontables excesos de algunos defensores.
La misma blandura tuvieron los jueces para no ponerles límites al interrogar a las víctimas, que fueron maltratadas sin piedad. Y más preocupados por minucias formales que por desentrañar sus recuerdos, dejaron pasar oportunidades de ahondar en testimonios que habrían ayudado a reforzar algunas acusaciones, en especial contra María Jesús Rivero.
De ningún modo el fallo cerrará el caso: falta que la Justicia resuelva si los otros 12 imputados deberán o no afrontar un juicio. Y sobre todo, ninguno de los juzgados dijo dónde está Marita Verón.
Fuente | Clarín.com
