En términos económicos, la minería constituye un sector de importancia estratégica, pues colabora fuertemente con el desarrollo económico y social, al tiempo que incide en el crecimiento productivo de comunidades generalmente deprimidas. Actualmente existen en nuestro país alrededor de 300 proyectos mineros, incluidos aquellos que se encuentran tanto en fase de exploración como los que han comenzado la etapa de explotación, que emplean, en forma directa e indirecta, a 212 mil personas. Estos proyectos son concebidos como promotores del desarrollo a nivel regional, mediante la creación y consolidación de servicios, de infraestructura básica, de importantes ingresos para las arcas fiscales, nacionales, provinciales y municipales, y de nuevas fuentes formales de empleo. Sin embargo, y a pesar de avances, los esfuerzos de exploración y explotación se mantienen bajos, considerados en términos relativos. Ello se debe a que factores de distinta naturaleza han dificultado su expansión y, en consecuencia, han privado de tal beneficio económico a algunas comunidades con riqueza y potencial minero.
El anuncio de inversiones para el año entrante, equivalentes casi al triple de los niveles actuales, es un signo por demás positivo en este sentido. No se puede dejar de señalar la necesidad de promover la transparencia y la efectividad en la aplicación que se hace de los cuantiosos recursos generados por la industria (impuestos y regalías mineras, principalmente) tanto para el Estado Nacional como para los estados provinciales y municipios, responsables primeros de dicha tarea.
La seguridad jurídica es condición insustituible para el desarrollo de la minería, fundamentalmente debido a que se trata de inversiones de riesgo a largo plazo. El desarrollo del actual marco normativo ha resultado fundamental para dar impulso a la actividad y es de esperar que todas las provincias asuman su responsabilidad en el mantenimiento y respeto de las normas, más allá de los gobiernos de turno y de algunos mezquinos intereses políticos circunstanciales. Un punto por demás controvertido es la cuestión ambiental. La industria minera cuenta con una regulación ambiental que impone altas exigencias atendiendo, principalmente, a las necesidades de la sociedad. En particular, el espíritu de la ley vigente promueve estos valores y procura mantener el equilibrio ambiental, reduciendo el impacto hasta parámetros razonables y compatibles con la creciente conciencia ecológica. Tanto las autoridades de aplicación como la industria minera en su conjunto tienen aún una materia pendiente: comunicar adecuadamente a la comunidad los trabajos que cada uno de ellos realiza en una materia tan sensible como el medio ambiente. Una mayor información sobre el particular beneficiará a todos e impedirá que la ignorancia se constituya en caldo de cultivo para aquellos que sólo desean manipular la ecología como excusa para sus propios intereses.
Por último, resta evaluar el significado social de la actividad minera. Se trata de obras de envergadura que se asientan y conviven por largos períodos, habitualmente, con pequeñas comunidades locales. El impacto positivo de la industria minera ha demostrado en otros países ser fundamental, sobre todo a partir de los beneficios económicos que puede reportar y de la oferta de empleos a que da lugar. Las empresas mineras deben asumir su responsabilidad social en las comunidades donde desarrollan sus proyectos. Existen ejemplos de programas de responsabilidad social específicos que las empresas mineras realizan en obras comunitarias para áreas como salud o educación u obras de infraestructura, convirtiéndose de esta manera y con acuerdo social, en multiplicadoras naturales de economías y sociedades generalmente postergadas y desesperanzadas, dándoles la oportunidad de retomar la senda del desarrollo sustentable. Es importante tener presente, sin embargo, que este efecto es sólo posible en la medida que se produzca una sincera integración de las empresas a las comunidades. Que las primeras actúen con la mayor responsabilidad y que las segundas se muestren abiertas a conocer y respetar los emprendimientos, aunando de este modo esfuerzos hacia una meta compartida. Las comunidades deben tomar conciencia de que son ellas las protagonistas de su propio desarrollo, que no tendrá lugar sin una actitud renovada que sepa aprovechar los beneficios que la minería reporta. Las empresas y las autoridades deben advertir la importancia de trabajar en forma integrada con las comunidades, de manera que los intereses de estas últimas sean adecuadamente considerados en las distintas etapas de un emprendimiento.
Tal como lo vieron Mitre o Sarmiento ya en el siglo XIX, la Argentina minera es posible y es deseable. La opción por ella, sin embargo, exige reconocer los logros obtenidos hasta el momento, a fin de mantenerlos y multiplicarlos, así como asumir y ejecutar las cuentas pendientes para trabajar por su superación. Es clave comprender la importancia del apego a la legalidad por parte de todos los actores, estatales y privados, involucrados en la actividad. Sólo así, las inversiones se traducirán en desarrollo socioeconómico y bien común, en tanto se plasmen con transparencia dentro de un marco de políticas de Estado seguras.
La Nación, Buenos Aires
