El caso llama a la reflexión y según los especialistas debe interpelar a toda la sociedad para que se movilice en dar una respuesta oportuna, más aún cuando el próximo sábado 14 de agosto se conmemorarán 20 años de la promulgación de la ley con que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Momento preciso para revisar cómo estamos en esta materia y saber si tenemos razones para celebrar.
¿Cómo proteger a tiempo los derechos de los menores vulnerables o en riesgo y evitar que terminen en la calle producto de la negligencia, maltrato o derechamente abuso? Y si ya hay daño, ¿qué estamos haciendo para repararlo? LND conversó sobre el tema con especialistas del Servicio Nacional de Menores, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de la Corporación Opción, institución sin fines de lucro que atiende a cerca de 20.000 niños que enfrentan la vulneración de sus derechos más elementales.
Los tiempos han cambiado y ya no se ingresa a los niños rápidamente a un internado, como se hacía antes en estas situaciones. “La Convención establece claramente que el acento de las medidas proteccionales y en general del apoyo a los niños deben estar puestos en la familia. La familia, con el niño en su centro, debe recibir los apoyos para que pueda cumplir su rol en la crianza y educación de sus hijos”, dice Oriana Zanzi, consultora de Unicef y ex directora del Sename.
Por ello, en el caso del niño encontrado en el paradero de micros, el juez determinó que se hiciera una evaluación de la familia con el objetivo de ver si hay algún adulto con las competencias parentales adecuadas para hacerse cargo. “Privar a un niño de su derecho a vivir en familia es una medida que se aplica en casos de extrema necesidad y sólo cuando se han agotado otros medios”, explica Zanzi, quien agrega que las madres adolescentes requieren un refuerzo mayor para asumir la crianza.
La consultora de Unicef propone establecer un sistema de alerta temprana a nivel local, en cada barrio y con el apoyo del municipio, con programas promocionales y preventivos “porque son los vecinos, la escuela y el jardín infantil, los que van a detectar primero lo que está pasando con ese niño”.
Coincide con esta postura, Angélica Marín, jefa del Departamento de Protección de Derechos del Sename, quien puntualiza que en el país existen 113 oficinas de protección de derechos (OPD), que abarcan 174 comunas, y aunque reconoce que es poco, constituye una base para trabajar a nivel local. A su juicio, la sociedad ha ido tomando conciencia sobre la necesidad de denunciar y no “mirar para el lado” frente a la negligencia o maltrato infantil. Además, desde Unicef se plantea que estas acciones debieran enmarcarse “en un sistema de protección integral a la infancia, donde existan distintas líneas de abordaje de las situaciones de los niños según su complejidad”.
Abuso y explotación sexual
En cuanto a la reparación del maltrato de mayor gravedad, constitutivo de delito, hay coincidencia en que Chile está “al debe“. Basta un ejemplo. Según cifras del Ministerio Público, hay denuncias de abuso sexual que afectan a cerca de 14.000 menores, sin embargo el Sename sólo puede atender a 5.800 de ellos a través de los 65 proyectos que ejecutan instituciones colaboradoras para intentar reparar el daño causado.
“Por falta de recursos, hay una inmensa lista de espera para situaciones tan graves como ésta”, afirma Consuelo Contreras, directora ejecutiva de la Corporación Opción y presidenta del Foro Chileno de los Derechos de los Niños que agrupa a entidades como el Hogar de Cristo, Fundación Mi Casa y Aldeas S.O.S, entre otras. En este sentido, precisa que “para un niño que es abusado sexualmente es muy complejo tener que esperar y no es posible atenderlos a todos porque hay que velar por la calidad de la prestación”.
Se trata de intervenciones terapéuticas lentas y muy especializadas, con apoyo de equipos interdisciplinarios, que pueden durar más de dos años, porque “no es lo mismo que el abuso sexual haya ocurrido al interior de la familia o fuera de ella. También se acompaña al niño durante el proceso judicial que puede prolongarse por mucho tiempo, al igual que la intervención terapéutica. Además, se busca a un adulto responsable y confiable y se trabajan las redes para dejar al niño con cierto soporte comunitario o institucional donde vive”, explican desde el Sename.
Por otra parte, se mantienen lacras como el comercio sexual infantil. Más de 3.000 menores de 18 años son explotados sexualmente, 80% son niñas que en promedio se inician a los 12 años en una actividad con secuelas muy complejas. Las instituciones que trabajan con el Sename atienden a 941 menores al año y se reconoce que hay una brecha por cubrir. “Al principio creíamos que se requerían dos años de trabajo reparatorio y nos dimos cuenta de que se necesitan hasta cuatro años porque el daño es muy profundo. A ellos se les quitó la posibilidad de ser niños y hay que empezar por lograr que vuelvan a reír, a jugar y a tener cumpleaños”, explica Angélica Marín.
Un problema serio es la falta de recursos. Actualmente, el Sename paga una subvención corriente de $150.00 por niño al mes y una especial que se incrementa a $193.000, montos que se reconocen insuficientes. Según la Corporación Opción, el monto que entrega el Estado para los niños que están en residencias equivale al 30% del costo total. Por ello, el Sename ha pedido al Ministerio de Hacienda incrementar los recursos con que cuenta para los próximos años. También pide una modificación a la Ley de Subvenciones, tanto para los montos como para darle más flexibilidad.
Cristóbal y la ley
En la Corporación Opción atendieron a Cristóbal, el niño de 10 años apodado “El Cisarro”, que acumulaba más de una docena de órdenes de detención por diversos delitos cuando fue aprehendido conduciendo un auto robado, tras lo cual ingresó a un centro del Sename. Desde ahí fue “rescatado” por sus amigos y volvió a ser aprehendido. “Es un niño muy inteligente, brillante, que podría ser lo que quisiera, con oportunidades, pero cuando tratamos de que fuera a la escuela, ésta sólo lo aceptaba por un máximo de dos horas. Duele lo que le está pasando porque ha sido víctima de una de las violaciones de derechos más brutales que conozco”, dice la directora de la Corporación Opción, quien destaca que “sólo es un niño de 10 años muy asustado que ha vivido en una situación de inseguridad constante, con sus derechos constantemente amenazados porque no ha tenido las condiciones mínimas para sobrevivir”. Cuenta que una colega de la corporación concurrió al tribunal el año pasado cuando el niño fue detenido y, al verla, éste se apegó a su falda para evitar la presión de los medios de comunicación que, pese a que está prohibido exhibir a menores, intentaban interrogarlo.
La profesional recalca que “se trata de un niño, no de un adulto, al cual el Estado debe ofrecer reparación”. Recuerda que hace unos años en Brasil algunos sectores propusieron exterminar a los niños de la calle (cuando aparecieron escuadrones de la muerte que los asesinaba en la más completa impunidad), a quienes se percibía incluso más peligrosos que los adultos. “No podemos dejarnos llevar por esa doctrina de seguridad ciudadana que quiere imponerse a la seguridad humana. Aquí nos encontramos con un caso en que han fallado las políticas públicas y hay que hacerse responsable de ello”, sostiene.
Desde Unicef, Oriana Zanzi señala que “son niños que no tienen responsabilidad penal y los sistemas formales que existen no logran contenerlos porque se fugan y se necesita una respuesta tremendamente especializada, de alto costo, con intervención en sus propias comunas, para que puedan recuperar sus vidas”.
En Chile la ley establece que las personas son imputables a los 14 años, porque se considera que a esa edad ha terminado la educación básica obligatoria y el Estado ha entregado las herramientas para que el individuo se desenvuelva en la vida. Bajo esa edad, como es el caso de Cristóbal, es inimputable y no tiene responsabilidad penal.
Según cifras del Sename, a la fecha hay 7.825 jóvenes cumpliendo condena. De ese total, el 8,7% está en centros de régimen cerrado y el resto en otras modalidades.
Para mejorar la efectividad del Sename y evitar la recarga de labores que tien, desde hace un par de años se tiene en carpeta un cambio en su institucionalidad que ya ratificó el nuevo gobierno. Se trata de dejar el área de menores infractores de la ley en un Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, dependiente del Ministerio de Justicia, y crear un Servicio Nacional de los Derechos de los Niños, donde se abordarán los temas de protección y adopción, que dependería del futuro Ministerio de Desarrollo Social. La iniciativa cuenta con la valoración positiva de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en estas materias, pues reconocen que se trata de asuntos muy distintos que deben tener un tratamiento diferente. //LND
Fuente: La Nacion
