Hace un siglo, al concluir 1902, el presidente Julio A. Roca promulgó la Ley 4.144, llamada "de residencia", inspirada por un proyecto de 1899 del senador Miguel Cané, por la cual se impulsó la expulsión de "extranjeros indeseables" y con ello se inició la aplicación de normativas contrarias al preámbulo de la Constitución Nacional.
No fue todo: el 16 de diciembre de 1930, ante la desocupación propia de la crisis mundial, el presidente de facto José Félix Uriburu puso en marcha una política de inmigración selectiva, de tipo económico, por la cual los aspirantes a radicarse en el país debían abonar, en sus países de origen, diez pesos oro en los respectivos consulados, toda una fortuna.
El caso más patético de aplicación de la "Ley de residencia" se produjo al término de la presidencia de Uriburu, quien en 1932 -cuando le restaban sólo diez días para entregar el mando a su sucesor, Agustín P. Justo- expulsó a 150 extranjeros, 33 de los cuales fueron autorizados a volver al país por el propio Justo, a poco de asumir.( Télam)
