Así lo confirmaron fuentes tribunalicias que señalaron que la magistrada adoptó esa medida en una causa iniciada por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, pidiendo la inconstitucionalidad de la norma (Decreto 976/01), que estableció el gravamen.
"La tasa creada por el decreto que impugna es un impuesto, ya que no contiene la debida contraprestación por parte del Estado", dijo el "ombudsman" nacional.