La organización operaba desde las ciudades de Córdoba, Bell Ville, Villa María, Laguna Larga y Pilar mediante el funcionamiento, la logística y el “armado” de una banda dedicada a generar facturas apócrifas, que evadió casi 100 millones de pesos.
Hasta el momento, producto de los 16 allanamientos realizados, hay dos personas detenidas, a disposición del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes El organismo recaudador precisó que la investigación comenzó a partir del cruce de información realizado entre las bases informáticas de la AFIP y las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia, datos de los que luego surgieron los allanamientos.
El mecanismo fraudulento consistía en la simulación de cuantiosas compras y ventas de granos, y la banda generó falsos créditos fiscales y saldos de libre disponibilidad en IVA a nombre de las empresas “fantasma” creadas por ellos. Luego, comercializaba a un alto precio los ficticios montos generados.
De esta manera, en poco más de un año sólo una de las usinas de facturas falsas creadas por la banda generó operaciones marginales por más de 58 millones de pesos.
En el mismo período, otra de las empresas a nombre de contribuyentes apócrifos “facturó” ventas por 430 millones de pesos, mientras que una tercera efectuó operaciones falaces por más de 320 millones de pesos.
La evasión descubierta equivale a 429.000 toneladas de cereal comercializado en forma marginal, es decir 14.310 camiones con sus respectivas cartas de porte.
En la operatoria se encontrarían involucradas 5 empresas fantasma, 3 asesores, 1 facilitador y 4 prestanombres.
En los procedimientos participaron más de un centenar de agentes de la AFIP, junto con la Policía Federal Argentina y Policía cordobesa.
A la banda se le imputa la creación de facturas falsas a nombre tanto de personas físicas como de personas jurídicas.
La organización estaría integrada tanto por sujetos particulares que se dedicarían a comercializar los comprobantes falsos aludidos, como profesionales de ciencias económicas quienes también participarían en las maniobras observadas.
La Ley 24.769 prevé penas de tres años y seis meses a diez años de prisión para el delito de “asociación ilícita fiscal”. Para quienes resulten ser jefe y organizador, la pena mínima se eleva a cinco años de prisión. En todos los casos, no son excarcelables.(Telam)
