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Viernes 26 de Abril de 2024
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Grecia gasta sus últimos cartuchos mientras negocia al límite con sus acreedores

El gobierno izquierdista del primer ministro griego, Alexis Tsipras, está llegado a un límite difícil de franquear en el marco de sus negociaciones con el FMI, el Banco Central Europeo (BCE) y sus socios y acreedores de la Eurozona, ya que el dinero para afrontar sus obligaciones se le agota y la falta de entendimiento con sus interlocutores lo empuja a la cesación de pagos.
En la semana que acaba de concluir, Atenas ha logrado a duras penas reunir la mayor parte de la masa de recursos necesarios para afrontar el pago de las jubilaciones y pensiones que debía efectuar a finales de abril, sin que todavía esté claro como hará para cumplir con los vencimientos de la deuda externa.

Hasta aquí, el izquierdista Syriza en el poder ha conseguido hacer frente al desembolso de los sueldos públicos y pensiones de los meses de febrero y marzo y, el pasado jueves, de abril, lo que le ha supuesto en este último mes una erogación de casi 2.000 millones de euros.

Pero el próximo 12 de mayo, Grecia tiene que pagar 750 millones de euros de un préstamo concedido por el FMI. El día anterior, el 11 de mayo, se celebrará una reunión del Eurogrupo (cumbre de ministro de Finanzas de la Eurozona) y nadie espera, hasta el momento, que de allí surja un acuerdo entre el país y sus socios-acreedores.

Para ese encuentro ha surgido una luz de esperando ya que el ministro de Finanzas griego, el excéntrico Yanis Varoufakis, ha sido relevado por el propio Tsipras como jefe de la delegación del país, delegando esta tarea en el viceministro de Relaciones Exteriores y estrecho colaborador del primer ministro, Nikos Theocarakis, a quien se cree más moderado y negociador que su antecesor en las conversaciones.

Sin embargo, del lado de la Eurozona nadie se muestra optimista. El ministro francés, Pierre Moscovici, lo ha dejado claro al afirmar que lo que hace falta no es un cambio de personalidades sino una mayor flexibilidad griega para aceptar el plan de reformas que pretenden los miembros de la Eurozona.

Esos compromisos exigidos por los acreedores para dar luz verde a la entrega de 7.200 millones de dólares que le permitan a Atenas enfrentar sus compromisos externos, pasan por recortes mayores a las pensiones y jubilaciones, más reformas de flexibilización laboral, incremento en el IVA y avances mayores para el plan de privatizaciones exigidos por Europa.

Nada de esto parece ser posible para Tsipras y su gobierno. Si la popularidad del primer ministro ha caído más de 20 puntos desde febrero, una concesión de este calibre a sus acreedores podría determinar un derrumbe de su aceptación en la población y una crisis política en regla.

No por casualidad, el propio Tsipras ha hecho saber la semana pasada que está dispuesto a convocar a un referendum para que los griegos decidan si aceptan semejantes exigencias.

En el fondo y en la forma, una iniciativa que busca ejercer presión sobre sus interlocutores y delegar en el pueblo la toma de una decisión que pondría al rojo vivo la contradicción existente entre el deseo del 84% de los ciudadanos de permanecer en el euro pero que, al mismo tiempo, rechazan aceptar semejantes exigencias de los acreedores.

En este cuadro de inmovilismo en las negociaciones y acrecentamiento de la crisis política interior de Grecia, las posibles alternativas comienzan a ser barajadas tanto por la UE como por el gobierno de Grecia, pasando también por las perspectivas que delinean los analistas locales e internacionales.

Al borde del abismo por tercera vez en un lustro, Grecia y la amplia mayoría de su población quieren evitar la suspensión del pago de la deuda y una obligada salida del país del euro, aunque no al costo de un ajuste que actúe como un elemento de profundización de la depresión económica que vive desde 2010.

Una de las posibilidades que podrían ser barajadas por el Gobierno de Syriza es similar a la utilizada por Argentina durante la crisis que vivió este país entre 1998 y 2003, cuando ante la falta de papel moneda (pesos), las provincias comenzaron a emitir y hacer circular bonos que se aceptaban no sólo para las transacciones en general, sino también para pagar impuestos.

En el caso griego, sería una manera de ahorrar unos 30.000 millones de euros anuales, los cuales podrían ser destinados al pago de las obligaciones (deuda) externas y dejar un bono (cuasi-dinero) para las transacciones internas.

Sin embargo, esta posibilidad se desvanece incluso teóricamente cuando se piensa que los bancos deberían aceptar canjear esos papeles por euros reales, lo que llevaría a que la utilidad de tales bonos tendrían un plazo acotado y amenazarían con generar una situación caótica en las finanzas del país, con el resultado de seria crisis para el sistema bancario.

Los próximos diez días serán decisivos para el devenir de la crisis de Grecia y su impacto político interno, así como sus repercusiones económicas en la Eurozona y en toda la Unión Europea.

Fuente: Télam

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