Las dos semanas de conversaciones entre los responsables de Bruselas y los gobernantes de los principales países del euro con el nuevo gobierno de Atenas finalizaron sin resultados concretos y casi al borde de la ruptura el pasado miércoles, situación que se superó dificultosamente el jueves cuando la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Eurozona acordaron el encuentro de pasado mañana.
La ronda de conversaciones mantenidas en la primera de semana de febrero por el primer ministro, Alexis Tsipras, y su ministro de Economía, Yanis Varoufakis, en Bruselas, París, Londres y Berlín, resultaron infructuosas, en tanto la semana que acaba de concluir sólo ha dejado como avance concreto la reunión del lunes.
Tras el encuentro celebrado el jueves en Bruselas, Tsipras se mostró optimista y consideró que "una solución técnica es posible", precisando, sin embargo, que "lo importante es alcanzar también una solución política y la cumbre demuestra que el acuerdo político es posible".
Esa visión no coincide con la posición de la mayoría amplia de miembros de la Eurozona que, como lo expresó la canciller alemana Angela Merkel al finalizar la reunión, la salida pasa por la aceptación griega del plan de rescate en vigor acordado en 2012.
Tanto en su forma como en su contenido, ese programa de rescate es el que divide las aguas, impidiendo un acuerdo que conforme tanto a Grecia como a sus acreedores y aleje el peligro de una salida del país del euro, con las consecuencias que ello tendría para todos los miembros de la moneda única.
Mientras el gobierno de Syriza se ha comprometido con el pueblo griego a no renovar el plan de rescate que vence a finales de este mes, Berlín y el resto de la Eurozona exige a Atenas que acepte su vigencia como condición sine qua non para sentarse a negociar con Grecia modificaciones a ese programa.
Pero detrás de esta aparente formalidad se esconde la decisión de Syriza de provocar un viraje en la política económica de austeridad a rajatabla impuesta por la "troika" del FMI, la UE y el Banco Central Europeo (BCE).
Esto se evidencia en sus anuncios de aumentar el salario mínimo, frenar las privatizaciones, reincorporar a empleados públicos despedidos, devolver los servicios de gas y electricidad a los más pobres y otra serie de medidas que implican un incremento del gasto público, a contramano de las exigencias de sus acreedores de mantener y aumentar los recortes sociales para seguir pagando la deuda.
La deuda, del orden de los 315.000 millones de euros, representa el 175% del PIB griego y aunque ya nadie discute que se trata de un monto impagable, los acreedores rechazan la negativa de Syriza a seguir respetando el plan de rescate por el temor a que otros deudores importantes de la Eurozona hagan lo mismo más adelante.
Al mismo tiempo, ni Grecia ni sus socios-acreedores quieren provocar un estallido que para el primero sería extremadamente costoso social y económicamente y que, para la Eurozona, significaría arriesgar un desgaste progresivo, con pérdida de confianza en la moneda única y en todo el edificio económico basado en la existencia del mayor bloque comercial y financiero del planeta.
En este contexto, no resulta sorpredente, aunque sí contradictorio, el anuncio realizado el pasado jueves por el BCE de ampliar de 60.000 a 65.000 millones de euros la línea de asistencia de liquidez de emergencia (ELA, según sus siglas en inglés) destinada a los bancos griegos.
Si bien esta medida sorprendió al mercado ya que se adoptó una semana después de que el propio ente monetario europeo suspendiera los préstamos a las entidades financieras griegas contra garantía de bonos de la deuda del país, la explicación de esta contradicción se encuentra en los crecientes retiros de depósitos de los bancos helenos.
De acuerdo con los últimos datos filtrados por fuentes financieras griegas, el ritmo de retiro diario de fondos de los bancos oscila entre los 200 y 300 millones de euros, pero se teme que en las últimas dos jornadas de esta semana esas cantidades haya crecido y lo hagan aún más si el lunes no hay al menos un principio de acuerdo.
Esto pondría a la orden del día la necesidad de que Tsipras actúe y ponga en marcha un sistema de control de capitales que frene la salida de euros del país, al tiempo que también tendría que considerar la imposición de algún tipo de "corralito" para frenar una corrida bancaria que amenace con la quiebra del sistema financiero.
Por eso los especialistas se preguntan respecto a cuál podría ser, en este contexto potencialmente explosivo, la base de una plataforma de negociación entre Grecia y sus acreedores.
Una primera pista, de tipo formal, es el comunicado surgido de la cumbre del jueves de los Jefes de Estado y de Gobierno que afirma que el lunes habrá un encuentro de los ministros de Economía y Finanzas, en el que las negociaciones serán encaradas ahora entre Grecia y las "instituciones" europeas y no ya con la "troika", con quien Tsipras ha asegurado que no seguirá hablando.
Pero detrás de la formalidad se esconde el esfuerzo que las partes hacen para abrir el camino al acuerdo.
Un acuerdo que se duda que pueda ser alcanzado sobre la base de las irreconciliables plataformas de Grecia y de Bruselas.
Mientras Syriza pretende dejar caer el plan de rescate, reducir el superávit fiscal primario destinado al pago de la deuda del 3% al 1,5% del PIB para usarlo en gastos sociales y proceder a un canje de la deuda con dos tipos de bonos, Bruselas exige respetar el programa acordado en 2012 y sobre esa base flexibilizar algunos puntos del mismo.
Todo parece indicar que el camino será otro, pero no se imagina cuál.
Grecia debe pagar en marzo un vencimiento de deuda al FMI por 3.500 millones de euros. Muchos creen que esto podría colocar al país en situación de default, mientras que otros consideran que Atenas podrá hacer frente a este compromiso pero que no podrá afrontar los que siguen y totalizan 22.500 millones en todo 2015.
Pero la situación de tensión que generará una falta de aproximación el próximo lunes podría acelerar y mucho la salida de depósitos y la fuga de capitales, obligando a Tsipras a avanzar en su camino de ruptura con la Eurozona o, por el contrario, a desistir de su resistencia y aceptar la imposición de Bruselas.
En este último caso, su gobierno comenzaría a experimentar muy serias dificultades internas, con ataques a fondo del ala izquierda de Syriza y también de la ultraderecha nazi antieuropea. Una consecuencia que Bruselas conoce y también querría evitar. Una hora de definiciones está muy cerca.
Fuente: Télam
