En los últimos días, aguijoneada por el agravamiento de la crisis política nacional, la coalición de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Dilma Rousseff y del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) parece avanzar en la elaboración de un acuerdo para aprobar en el Parlamento el plan de ajuste que propugna Levy y terminar con los cuestionamientos a la política económica.
La protesta producida la semana pasada en los barrios de clase alta de Rio de Janeiro y de San Pablo contra la presidenta Rousseff, sumado a la manifestación anunciada para mañana para protestar contra el Gobierno y los pedidos, todavía difusos, de juicio político a la mandataria por la corrupción en Petrobras, está apurando los tiempos para la aprobación parlamentaria del plan económico.
El gobierno atraviesa un camino frágil apenas dos meses después de iniciado su segundo mandato a causa de una insatisfacción popular creciente, de momento restringido a manifestaciones de las clases medias y altas. Esto ha creado un cuadro de confusión política que, bien mirado, sólo puede ser comprendido examinando lo que ocurre en la economía.
Actualmente, Brasil atraviesa una fase de clara contracción económica, con un pronóstico de caída del 0,5% del PIB durante 2015, una tasa de inflación que supera el 7%, bien por encima del objetivo oficial del 4,5% anual y, muy en particular, un altísimo nivel de endeudamiento de los hogares y del sector empresarial privado.
En el caso de la inflación, los peligros de un incremento aún mayor del ritmo alcista de los precios se hace casi seguro debido al proceso de devaluación de la moneda que repercutirá directamente sobre los precios de los bienes de importación.
Después de un ciclo expansivo muy importante entre 2002 y 2008, la economía brasileña entró, al mismo tiempo que estallaba la crisis financiera mundial, en un cono de sombra a partir de 2009 que, con altibajos, se ha venido arrastrando hasta los últimos meses del año pasado.
Así, de un crecimiento promedio del 4% en el primer período indicado, el PIB ha crecido a una tasa promedio del 1,3% en los últimos cinco años, hasta llegar a 2015, año para el cual los pronósticos oficiales y privados marcan un decrecimiento de al menos el 0,5%, aunque otros ya cifran el retroceso en porcentajes más elevados.
Los recortes presupuestarios parciales acometidos por el anterior ministro de Finanzas Guido Mantega sólo sirvieron, en 2013 y 2014, para evitar un ritmo más acelerado de empeoramiento de la situación fiscal y de crecimiento de la inflación.
Actualmente, Brasil enfrenta, además, una tenaz sequía y falta de agua que repercute negativamente sobre los embalses y presas hidroeléctricas que se ven incapaces de impedir los cortes de luz masivos. Una de las vías que ensaya el plan de Levy es aumentar las tarifas eléctricas en valores de entre el 20% y el 30%.
Otro punto clave de las medidas de austeridad que pide el ministro de Finanzas es el incremento progresivo de los precios de los combustibles a través de la imposición de mayores tasas impositivas sobre ellos, además de una reforma draconiana de los sistemas de jubilaciones y pensiones estatales que tiene Brasil y que suponen una erogación anual muy elevada del Presupuesto nacional.
Un aspecto poco mencionado en las crónicas económicas que describen los problemas de fondo del vecino país es el peso que tiene el pago de la deuda pública y el fortísimo aumento que ha tenido la deuda de las empresas y del público en general en estos años.
El crédito total al sector privado, sin diferenciar empresas de familias, pasó del 25% al 55% en los últimos 10 años, con tasas de interés en los préstamos al consumidor que rondan el 25% anual y que tienden al alza debido a la decisión del Banco Central de Brasil de ir aumentando la tasa prime que rige al conjunto del sistema financiero.
En la medida en que el reflujo de capitales de Brasil no cesa de crecer debido a los temores que genera la crisis económica y política, resulta difícil pensar en que la autoridad monetaria pueda proceder a desandar el camino alcista que viene recorriendo en su política de tasas, máxime con una inflación en constante aumento.
En lo que se refiere a la deuda pública, Brasil tiene tiene la mayor respecto a su PIB de todos los países BRIC (Rusia, India y China, además de Brasil mismo) y que se eleva a un 66% de la producción anual de bienes y servicios. Para el pago de la deuda, el Estado ha destinado un 6% del producto interno el año pasado, con previsión alcista para 2015.
En el caso de la deuda de las empresas y de las administraciones municipales, el Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS, según sus siglas en inglés) ha informado que ha pasado de 100.000 a 250.000 millones de dólares en el último lustro debido, fundamentalmente, al atractivo que tenían los préstamos a tasa casi nula en los mercados de los países centrales.
Ahora, el pago de las obligaciones privadas, así como también las del Estado, será mucho más onerosa debido a su aumento en términos de reales tras la fuerte devaluación que viene sufriendo la moneda nacional.
Además, el escándalo de Petrobras ha venido a agregar más nafta al fuego en términos de credibilidad internacional. La estatal petrolera, que cuenta con un fuerte porcentaje de socios privados internacionales, puede enfrentar nuevos inconvenientes en materia de crédito, una situación que, de concretarse, podría arrastrar también a los títulos de la deuda pública.
Desde este punto de vista, Levy y Rousseff deben apurar sus negociaciones con el PMDB e intentar detener cuanto antes la sangría de Petrobras, avanzando así en un plan estructurado y consistente de austeridad que sirva para frenar la salida de capitales del país y el aumento desbocado de la inflación.
En el mejor de los casos, es decir que prospere el ajuste propiciado por Levy y el Gobierno, éste deberá enfrentarse a partir de ese momento con las resistencias sociales de los sectores más bajos y de menores ingresos que se verán afectados por los recortes generalizados del gasto público que propugna el ministro de Finanzas, además del aumento de las tarifas de los servicios, de los combustibles y de la tasa de interés.
Fuente: Télam
