"Ahí hay ciclo económico, pero también hay acompañamiento de un Estado presente de las decisiones estratégicas de las compañías", dijo Girard en diálogo con la radio AM 750.
El funcionario recordó además que "inicialmente hubo resistencia a la designación de directores del Estado por prejuicio o desconocimiento" y que hoy, en cambio no hay "ningún accionista socio del Estado que presente una queja sobre nuestra participación en la toma de decisiones".
Girard calificó al Estado como "un socio estratégico que ha acompañado los procesos inversores" y que apostó "a la sinergia entre empresas con participación estatal a partir del trabajo en conjunto con otro directores públicos".
Como ejemplo mencionó a Siderar, donde el Estado impulsó un proyecto de inversión de 290 millones de dólares.
Girard también se refirió al proyecto de ley impulsado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para proteger las acciones que el Estado Nacional posee en empresas privadas, y que forman parte del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
"Estamos ante la institucionalización de una política de Estado, la mejor forma de garantizar que continué es convertirlo en ley", señaló.
La iniciativa fue defendida ante los legisladores por el ministro de Economía, Axel Kicillof; y por el director de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Diego Bossio, en el marco de un plenario de comisiones del Senado.
Tras obtener dictamen, ahora el proyecto sería debatido el miércoles 16 de septiembre en una sesión ordinaria en la que el Frente para la Victoria pretende hacer pesar su mayoría para darle media sanción y girarlo de inmediato a Diputados, informaron fuentes legislativas.
La intención del oficialismo es que el amparo a las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado Nacional sea socio minoritario, sea ley en el corto plazo.
El proyecto prohíbe la transferencia o venta de esas acciones sin previa autorización de los votos de los dos tercios de los integrantes de ambas Cámaras del Congreso Nacional.
Para ello se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) que tendrá a su cargo intervenir en la ejecución de los "derechos políticos" del Estado.
El Directorio de la ANPEE estará presidido por el titular de ANSES; e integrada por el ministro de Economía, el ministro de Industria y dos representantes del Congreso, elegidos por la Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas creada por esta ley.
Los directores elegidos por el Congreso durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser removidos por mayoría simple de los integrantes de la Bicameral si se los encuentra en infracción a la Ley de Ética Pública.
En cambio, si se trata de mal desempeño en sus funciones, los directores sólo podrán ser reemplazados por los votos de los dos tercios de los miembros de la Comisión parlamentaria.
Fuente: Télam
