La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había promulgado en agosto de 2011 la ley modificatoria de promoción del software, que extiende los beneficios para aquellas empresas que demuestren invertir en investigación y desarrollo de software.
De acuerdo a las cifras sobre el sector del Ministerio de Industria, en los últimos nueve años las ventas se incrementaron en un 313 por ciento, lo que se atribuye a la implementación de las políticas del Gobierno nacional.
La proyección para la industria del software es que cerrará el 2013 con 900 millones de dólares en exportaciones, 3750 millones de dólares en facturación y 78.500 empleados.
Además, se destaca el crecimiento de los egresados de carreras de informática, que crecen a un ritmo promedio anual del 10 por ciento, ya que en 2011 se registraron 4.219 egresados y en 2012 otros 4.700.
En cuanto a las exportaciones del sector, se estima que crecieron a un promedio anual del 20 por ciento en el período 2003-2012, con un acumulando del 414 por ciento, y los principales destinos de exportación en 2012 fueron Estados Unidos, Brasil, Chile y México.
En la actualidad hay más de 4.000 empresas de software (98 por ciento de las cuales son de capitales nacionales) que emplean a más de 69.500 trabajadores.
Además de las micro y pequeñas empresas, en Argentina también existen empresas globales como Tata, Accenture, EDS - HP y SAP y empresas locales que se internacionalizan, como Globant y Mercado Libre, entre otras, que tienen presencia en todo el país.
El software es uno de los sectores estratégicos para la industria nacional, según surge del Plan Estratégico Industrial 2020, que planteó los objetivos a alcanzar de aquí a siete años: producción por 7.330 millones de dólares, 134.100 empleos y exportaciones por cerca de 3.000 millones de dólares.
La nueva Ley de Software extiende la vigencia de los beneficios planteados para el sector por otros cinco años adicionales a cumplirse el 31 de diciembre de 2019.
Además, estipula que el bono de crédito fiscal originado en contribuciones patronales permita la cancelación del Impuesto a las Ganancias en igual proporción a las exportaciones promovidas declaradas, lo que se prevé otorgará mayores beneficios para exportadores.
La nueva norma, por otra parte, busca incorporar nuevas pymes al circuito productivo, para lo cual las empresas tendrán un plazo de tres años para acreditar la obtención de alguna norma de calidad, contado desde el momento de su inscripción.
La ley perfecciona la efectivización de los beneficios, ya que los que acceden a ellos no son pasibles de retenciones, en tanto que el beneficio sobre el Impuesto a las Ganancias puede aplicarse sobre actividades promovidas tanto de fuente argentina como de fuente extranjera.
Fuente: Télam
