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Viernes 26 de Abril de 2024
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La política de desendeudamiento pasó la prueba y la discusión de las deudas soberanas se instaló en la ONU

El 2014 será recordado como el año bisagra en el litigio que enfrenta la Argentina con los fondos buitre desde hace once años, ya que puso a prueba la política de desendeudamiento llevada adelante a partir de 2005 y, como corolario, el país logró el objetivo diplomático de poner en marcha en la ONU la discusión sobre un marco legal para regular los procesos de reestructuración de deuda cambiando, así, el paradigma a nivel global.
Desde que en junio último la Corte Suprema denegó a la Argentina la revisión de la interpretación del 'parí passu' (tratamiento igualitario) a los acreedores, y de la fórmula de pago que beneficiaba a los holdouts antes que al resto, la Argentina se vio obligada a apurar una estrategia privilegiando a los acreedores del canje, el 93% que ingresaron en 2005 y 2010.

La fórmula de pago del cuestionado juez Thomas Griesa obligaba a la Argentina a pagar primero a fondos buitre y quienes ganaron el juicio del 'pari passu' antes que a los acreedores del canje, y en un 100% de la deuda.

Pero el Gobierno enfrentaba un problema adicional, dado que el pago a los fondos buitre -según la pretensión de Griesa- activaba la cláusula RUFO en beneficio de los bonistas del canje, y hubiese generado una deuda externa adicional por un piso de 120.000 millones de dólares, cifra que es más de la mitad de la deuda pública argentina, que orilla en la actualidad los 200.000 millones de dólares.

Griesa, por su parte, activó su fallo y obligó a "negociar" con fondos buitre, introduciendo la figura de mediador a través del abogado neoyorquino Daniel Pollack.

La estrategia Argentina llevada adelante por el ministro de Economía Axel Kicillof, cumpliendo el mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue -sin embargo- pagar en junio a bonistas del canje, al margen del fallo.

Griesa congeló dichos fondos, y dejó en un limbo jurídico internacional la situación del pago a acreedores del canje.

La firme decisión de no acatar orden de Griesa buscó poner en evidencia el error de interpretación de la cláusula 'pari passu a nivel mundial, y el impacto sistémico que puede representar el fallo, además de la noción de la afectación de propiedad privada de terceros por la imposibilidad de cobro de los tenedores de bonos reestructurados.

También significó reforzar el concepto de voluntad de pago. Esto es, pagar según contrato del canje pese al bloqueo.
Desde entonces, el gobierno encaró una indeclinable y firme campaña diplomática, potenciando el concepto de "impacto mundial" y se orientó a la búsqueda de aliados.

Así consiguió pronunciamientos en distintos foros a favor de la postura argentina y contra los fondos buitre como: el FMI, G20, Naciones Unidas, OEA, BRICS, Economistas y Nobel Internacionales, una carta de de apoyo firmada por 100 economistas reconocidos, ONG Jubileo, el parlamento inglés, gestiones de bonistas del canje ante justicia inglesa y de EE.UU,y hasta el Papa.

El mayor paso a nivel diplomático, sin duda, resultó la votación histórica en Naciones Unidas, que aprobó -en septiembre- el inicio de un cronograma de discusión para la concreción de nuevo marco Legal para las quiebras de países, alentado por la Argentina a través del G77+China.

En esa votación, la moción obtuvo 124 votos positivos, 41 abstenciones y sólo 7 votos negativos.

Ese pronunciamiento quedó reforzado el pasado 5 de diciembre, cuando la ONU aprobó la metodología, para darle forma al nuevo marco legal que, según los plazos estipulados, estaría listo para ser considerado durante próxima Asamblea Anual de mandatarios, en septiembre de 2015.

Asimismo, a nivel de mercados nació una nueva generación de bonos, como consecuencia del impacto del fallo de Griesa.

Bancos e inversores (CMA) promovieron cambios en los contratos, donde se explicita que la interpretación de 'pari passu' es contraria a la del fallo de Griesa. También nacieron las CAC reforzadas, donde el concepto de igual trato no es igual pago, y que determina que los holdouts necesitarán de una masa de bonistas de al menos el 25% para litigar.

Asimismo, desde ahora las mayorías del 75% en las CAC pueden ser de toda una serie o bien de toda la deuda del soberano.
El apremio por frenar el impacto del fallo de Griesa provocó que el FMI y el G-20 apuren el lanzamiento de estos nuevos bonos, y México fue el país elegido para realizar la primera emisión.

En tanto Griesa intentó aplicar su fórmula de pago con la Argentina, pero tuvo que dar marcha atrás con el embargo de los pagos, si bien dejó en un limbo jurídico a los de ley europea y estadounidense que se efectivizan a través del Bank of New York.

Además, declaró a la Argentina en desacato, pero la orden carece de aplicación práctica hasta el momento.

En tanto, el gobierno argentino diseñó medidas para revertir el impacto en las expectativas.

Entre ellas, se enumeran los acuerdos millonarios con China y Rusia, otorgar mayores divisas para importadores industriales como automotrices, el acuerdo de ingreso de divisas con cerealeras, mayores controles en el mercado de cambios, suba de tasas de interés, y endeudamiento interno "dollar link" para contener dólar y precios.

La última medida fue un canje de bonos Boden 2015 por efectivo o por abonar 24, y del resultado se observa que los inversores no creen, bajo ningún punto de vista, que la Argentina podría caer en incumplimiento el año próximo.

Desde el punto de vista político-económico, el Gobierno ganó la discusión y en la actualidad son pocos los que se animan a pedir que exista un acuerdo con los fondos buitre antes del vencimiento de la RUFO, el próximo 31 de diciembre.

Para el primer trimestre del año próximo se espera que comiencen negociaciones entre las partes, pero el Gobierno advirtió que lo hará "sin chantajes" y manteniendo la política de desendeudamiento.

Fuente: Télam

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