La denuncia, que ingresó a la Justicia en 2002, caminó a paso tan lento que en primera instancia se la declaró prescripta, decisión que fue confirmada en marzo de 2013 por la Cámara en lo Criminal y Correccional, pero que en octubre del mismo año fue revocada por Casación, que ordenó investigar un presunto delito de "administración fraudulenta" sobre el accionar del banco HSBC.
Sin embargo, dos meses después, en diciembre, nuevamente la Cámara Criminal y Correccional, avaló el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción Número 18; de Antonio Miguel Losada, actual presidente del HSBC para América Latina y el Caribe; Michael Roger Pearson Smith, ex presidente del HSBC Argentina entre 2000 y 2007, y actual director del Australia and New Zealand Banking Group; y Alvaro Jorge Fontes de Azevedo, ex director ejecutivo del HSBC Argentina entre 2001 y 2003, y actual director ejecutivo del Banco Votorantim de Brasil.
En noviembre de 2014, una vez más, la Cámara Federal de Casación Penal anuló por "prematuro" el sobreseimiento, y listó una serie de medidas posibles como "profundizar el pedido de información a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la República Argentina o a través del organismo que el juez de grado considere oportuno".
Además, los camaristas Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Ana María Figueroa indicaron -en referencia al juez de primera instancia, Pablo Ormaechea- que la documentación aportada por el HSBC de Uruguay "resulta insuficiente para corroborar que su cliente autorizó que el dinero sea invertido en el Fondo Roble", lo que concluyó en la pesificación del depósito.
Figueroa manifestó que "existe la sospecha que las autoridades del HSBC Argentina y del HSBC Administradora de Inversiones, unilateralmente, es decir haciendo caso omiso a la orden del cliente de que los fondos sean transferidos y administrados por el HSBC Bank Uruguay, procedieron a convertirlos en Roble Ahorro en dólares, quedando su administración regida por la ley nacional, y a la postre alcanzados por la ley de pesificación, provocándole al denunciante un significativo perjuicio a sus ahorros".
La causa se inició en 2002, cuando el esposo de la ahorrista, fallecido hace dos años, solicitó a la sucursal Montevideo un comprobante de la cuenta de uSs 140.000 y encontró como respuesta que su dinero había sido enviado el año anterior a la Argentina y convertido a pesos
Por su parte, Catucci remarcó que "de entrada se advierten que la clausura anticipada del proceso se desajusta de las características propias de esa naturaleza negativa, a punto que no logró despejar las dudas inherentes al caso, tal como se exige en un sobreseimiento como el que se recurre".
Transcurridos cinco meses, el abogado de la querella, Deluca, alertó que "el juzgado no hizo gran cosa, sino más bien parece que la causa está a un paso muy lento, lo que puede volver a desembocar en un pedido de prescripción por parte de la defensa".
Asimismo, el letrado puntualizó que "en 2013, el banco devolvió una parte de ese dinero, fueron U$S 55 mil", como consecuencia de que como la ahorrista damnificada "seguía recibiendo los resúmenes de cuenta desde Montevideo, con el correspondiente cobro de comisiones, y la cotización de su inversión en dólares, fue a intentar retirarlo".
"Viajamos a Uruguay, nos atendieron y le dieron a mi clienta la opción de rescatar lo que había ahí en el HSBC de Montevideo, en ese momento,. Ella presentó el formulario que le indicaron y desde Uruguay se dio la orden al HSBC Argentina que devolviera el dinero, porque el depósito estaba hecho en Uruguay, pero el dinero estaba en Buenos Aires", explicó Deluca.
Remarcó que "en esta acción quedó en evidencia el mal desempeño del banco y el conocimiento que tenían de la operatoria que se habían hecho con estos fondos".
Fuente: Télam
