Diversos analistas han asimilado los problemas fiscales de fines de la década de los ´90 y principios de los años 2000 al desvío de recursos a manos de empresas particulares
La iniciativa impulsada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, fue sancionada el 22 de septiembre de 1993 (ley 24.241) y estableció el desdoblamiento del sistema de jubilaciones y pensiones, con un componente público (de reparto) y otro privado (de capitalización).
La reforma comenzó el 15 de julio de 1994, cuando se puso en marcha el sistema de ahorro individual de aportes e inversión de los fondos en el mercado de capitales por parte de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
Con ese esquema, quienes optaron por afiliarse a una AFJP destinaron gran parte de sus aportes a comisiones de las administradoras y además no podían volver al sistema estatal, hasta que en 2007 el presidente Néstor Kirchner dispuso el libre traspaso.
De las 26 entidades existentes en el punto de partida, para 1999 quedaban 14, con 7,2 millones de afiliados, 3,5 millones de aportantes y fondos por más de 12.500 millones de pesos. En 2008, las AFJP sumaban una decena.
Además de embolsar miles de millones de pesos durante los años que duró el sistema, durante el gobierno de Fernando de la Rúa y con Cavallo como ministro de Economía ahora tratando de evitar el default, las AFJP suscribieron un "bono patriótico" junto con otras instituciones, por lo que se convirtieron también en acreedoras de la deuda pública.
Diversos analistas han asimilado los problemas fiscales de fines de la década de los ´90 y principios de los años 2000, al desvío de recursos a manos de empresas particulares.
De acuerdo con esas opiniones, la reforma significó una de las mayores transferencias de recursos del Estado a las arcas de compañías privadas de la historia argentina.
Las AFJP se apropiaron de unos 10.000 millones de dólares en comisiones, mientras otros 35.000 millones engrosaron las utilidades de empresas beneficiadas con las rebajas de aportes patronales dispuestas también por Cavallo.
Sólo el resto, apenas unos 20.000 millones de dólares, fue a las cuentas de los afiliados al sistema de capitalización.
Según estos análisis, sin esa sangría de fondos las cuentas del sector público -que siguió pagando jubilaciones, mientras las administradoras cobraban 30% de comisión por los fondos que acumulaban- hubieran tendido al equilibrio.
En octubre de 2008, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para eliminar el régimen de capitalización, cuyo único resultado había sido beneficiar a bancos y compañías de seguro en perjuicio de los aportantes y del Estado.
La ley 26.425, que creó un régimen previsional público y eliminó el régimen de capitalización, fue sancionada por el Congreso el 20 de noviembre de 2008, dando fin a las AFJP.
A partir del 9 de diciembre de 2008, entró en vigencia la ley que creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y eliminó el régimen de capitalización, absorbido y sustituido por el régimen de reparto.
El nuevo sistema circunscribió el otorgamiento de las prestaciones al Estado y se financia con recursos provenientes del pago de aportes y contribuciones previsionales, además de impuestos recaudados a tal fin.
El Estado garantizó así a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozaban a la fecha de la entrada en vigencia de esta nueva normativa.
Además, estableció que los recursos del fondo "deberán ser invertidos en activos financieros nacionales incluyendo entre otros instrumentos cuentas remuneradas del país y la adquisición de títulos públicos o títulos valores locales de reconocida solvencia".
Fuente: Télam
