La propuesta impulsada por Cristina y los principales referentes del Gobierno solamente logró la adhesión de una tercera parte de los 100.000 usuarios que el Gobierno esperaba que se sumen a la nómina de bajas voluntarias que encabeza, justamente, la Presidenta.
Si bien el Gobierno la defiende y destaca el éxito de la medida, el "Registro de Renuncia Voluntaria al Subsidio" promocionado por la Casa Rosada logró interesar a poco más de 31.600 personas en el lapso de un año, aunque en los últimos seis meses apenas 1.000 nuevos usuarios gestionaron la baja.
Hasta el momento, apenas el 0,25 por ciento de los 12 millones de clientes residenciales del país se sumó a la iniciativa y desechó voluntariamente los subsidios otorgados por el Estado a los servicios de agua, gas y electricidad.
Hasta la tarde de este lunes, 31.615 personas habían renunciado a la ayuda oficial, por un total de 60.087 servicios, divididos en electricidad (23.577), gas (21.432) y agua (15.078, según datos oficiales.
Los fondos que el Estado destinaría a estos subsidios a lo largo del año en curso ascenderían a 55.000 millones de pesos, según estimaciones extraoficiales.
A su vez, el gasto de la administración nacional previsto para 2013 en concepto de subsidios sociales es del orden de los $ 64.650 millones, un 17,0% mayor que el crédito presupuestario vigente del corriente ejercicio (+$ 9.380 millones), detalló el Centro de Estudios de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Para los usuarios residenciales, el Gobierno adoptó dos medidas, ya que por un lado, dispuso una quita -compulsiva- de los subsidios para caso 280.000 clientes de distintas zonas de la Capital Federal, como Puerto Madero, Barrio Norte y Belgrano, los barrios más adinerados del Gran Buenos Aires, countries y urbanizaciones cerradas de todo el país.
Por el otro, la Casa Rosada decidió enviarle a otros 230.000 usuarios de varios sectores de la Capital y el Norte y Sur del Conurbano un formulario para que manifiesten si necesitaban o no seguir recibiendo los subsidios, y al mismo tiempo habilitó un sistema para renunciar voluntariamente.
Al cabo de un año de esta operatoria, el Gobierno salió a defender la iniciativa: "La política de quita de subsidios a los usuarios que estaban en condiciones de afrontar la tarifa plena cumplió con nuestras expectativas", sostuvo el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.
El funcionario Baratta destacó que la "personalización" de los subsidios permitió "recuperar este año casi 3.300 millones de pesos que se destinaban a subsidiar a usuarios que podían pagar, lo que significa un 8 por ciento del total de subsidios y equivale a una central de 800 megavatios, como la que vamos a hacer en Vuelta de Obligado o más de 20 mil viviendas u 8.500 cuadras de pavimento, por citar ejemplos".
También dijo que el registro de renuncia voluntaria continúa abierto y ya le dio la posibilidad a más de 31 mil usuarios de expresar que no necesitaban ser subsidiados.
"No abrimos ningún juicio sobre si es mucho o es poco, ya que lo importante es que pusimos a disposición de los ciudadanos una nueva herramienta de participación", enfatizó.
