La presidenta del bloque de diputados del Frente Cívico y Social, Sara Ludueña de Cadó expresó que el reclamo por los fondos de coparticipación "debe ser una tarea conjunta entre todas las provincias afectadas, porque indudablemente lo más grave de todo esto es que están en peligro las autonomías provinciales" y manifestó que en el orden local nadie debe quedar al margen de estos legítimos planteos que se le está haciendo al gobierno nacional "porque esto es una cuestión de Estado que nos debe preocupar a todos más allá del signo político".
Cadó planteó, por otra parte, que "si la Nación ha delegado en las provincias los servicios esenciales porque de la educación, seguridad, justicia se han hecho cargo las provincias, pero además cuando de un tiempo a esta parte el gobierno nacional hace gala de las buenas recaudaciones, por otro lado estamos viendo que resulta que del 34% que corresponde por coparticipación a la provincia apenas si está llegando el 25%, entonces nosotros también queremos saber qué pasa con el resto de los fondos, porque indudablemente si hubo tan buena recaudación entonces adonde están esos fondos, esas son las cosas que nos tienen que preocupar, toda vez que este problema está afectando y va a afectar cada vez más a todos los catamarqueños".
Aclaró que "no estamos reclamando fondos adicionales o aportes extras, nosotros lo que queremos es que (Eduardo) Duhalde o el gobierno nacional cumpla con lo que por ley le corresponde a esta provincia y a todas las provincias que están padeciendo esta situación, porque este no es un problema aislado, no es un problema de Catamarca, es un problema de varias provincias o casi todas las provincias del país".
Asimismo, cree necesario revisar todos los pactos firmados entre la Nación y las provincias y una ley de coparticipación federal de impuestos, "para que haga coparticipables fondos que hoy se reserva la nación para sí, como el impuesto al cheque o las retenciones al agro, porque realmente si todos los servicios y todo lo que es gasto social en definitiva está a cargo de las provincias, sin justificación queda el hecho de que gran parte de la torta se la reserve la Nación y las provincias no puedan asegurar la gobernabilidad por esta política del gobierno nacional de demorar y recortar los recursos que legítimamente le corresponden a las provincias para atender las necesidades básicas como la salud, educación o el pago de sueldos". (prensa Diputados)
