Aclaró que la principal modificación tiene que ser el articulo 2 ya que el mismo es lo que le queda al estado provincial y con respecto a ese artículo, la ley original no establece ningún tipo de control, ni de lineamientos hacia donde tiene que ir la inversión y que lo único que expresa es que de ese 65% de toda la masa de regalías mineras que queda en la provincia solo el 70% será destinado a priorizar el desarrollo de las poblaciones con mayor índice de pobreza. Indicó que lo que queda en poder de la provincia como regalías mineras, participación de utilidades y como todos los ingresos de menos monto de la minería no se establecen el destino, por lo cual la propuesta sería hacer un fondo minero donde vaya todo lo que tiene que quedar en la provincia y le den un destino bajo un plan, programa o proyecto y en este caso propuso que el Tribunal de Cuentas lo observe, ya que viene realizando un proyecto bastante serio y responsable con la falta de reglamentación que existe en el caso de los municipios.
Por último agregó que la secretaría de minas no controla cuál es la recaudación de las empresas y que el mismo es liviano.