El martes último las partes ampliaron sus argumentos ante la Sala I del Tribunal, que a partir de ese momento contaba con cinco días para expedirse sobre los planteos de los abogados de los siete detenidos y el de la querella.
La Cámara, integrada por Luis María Bunge Campos, Jorge Rimondi y Alfredo Barbarosch, resolverá los pedidos esta semana puesto que no sólo vence el plazo de los cinco días, sino porque fueron esos jueces los que escucharon los argumentos de las partes y se prevé que sean ellos quienes se expidan antes de finalizar el año y la llegada de la feria judicial de verano.
En la causa hay siete detenidos, y en suspenso está el pedido fiscal para que la jueza Susana Wilma López, a cargo de la instrucción, cite a indagatoria al titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza y a Juan Carlos "Gallego" Fernández.
Por el momento, los detenidos son el delegado de la Unión Ferroviaria en el Roca, Pablo Díaz; los barras bravas Cristian Favale y Gabriel "payaso" Sánchez; y los trabajadores Juan Carlos Pérez, Salvador Pipito, Jorge González y Armando Uño.
Todos ellos están acusados del delito de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y coacción agravada, en el marco de un "plan común" o "acuerdo criminal" que la jueza dijo que existió aquella jornada.
Ese plan, según la magistrada, tuvo la intención de evitar la protesta del Partido Obrero y ferroviarios tercerizados y que terminó con el asesinato de Ferreyra y con heridas para Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.
El martes último, todas las defensas solicitaron la libertad de los detenidos, con críticas a la resolución de la jueza López, a la cual tildaron de "arbitraria" por falta de pruebas.
Incluso, la defensa del delegado gremial Díaz plantó una nulidad de toda la investigación en base a que la jueza le habría ocultado pruebas al momento de ser indagados, y por lo que entiende hubo una violación al derecho a defensa.
En cambio, el abogado querellante Alberto Bovino respaldó la valoración de la jueza y pidió que sean confirmados los procesamientos y las detenciones, puesto que -según dijo en la audiencia- hubo un "acuerdo de voluntades" y una "convergencia intencional" entre los imputados.
Los mismos argumentos y con idéntico fin expuso la abogada María del Carmen Verdú, en representación de la mujer que quedó herida en la manifestación Elsa Rodríguez, la cual también apuntó contra las autoridades de la Unión Ferroviaria.
Fuente: 26noticias.com.ar
