Pero a poco de cumplirse un año de la muerte de Sandra Juárez, de 33 años, que junto a otros campesinos enfrentó una topadora el 13 de marzo pasado en un paraje cercano a la capital santiagueña, el escenario de conflictividad por las tierras continúa con decenas de heridos, detenidos y mas de 500 procesados en la provincia.
"El derecho a la tierra y el respeto a los derechos posesorios de familias campesinas y pueblos originarios es un tema cuya resolución buscamos y lo hacemos con los interesados", aseguró a Télam una alta fuente del gobierno santiagueño, que aseguró que "la situación de los peones golondrina forma parte de esta problemática".
Así, el mapa de la pelea por la tierra en Santiago del Estero, antes una provincia impensable para la agricultura a escala pampeana, se amplió en los últimos siete años a medida que el precio de la soja subía.
Los campesinos vieron llegar desde los 90, pero con mayor virulencia en los últimos siete u ocho años, "dueños" o poseedores de dominio con policías, jueces y, si no alcanzaba, con los llamados "guardias blancos", a los montes que ocupaban para proceder al desalojo, a través del engaño o la violencia.
Guido Corvalán, del MoCaSE, que encabezó una protesta de 65 días en la ruta 34 por agresiones y usurpaciones en Pozo del Castaño, en el norte santiagueño, dijo a Télam: "Quiero ser optimista pero la realidad es que en seis años de funcionamiento no hay muchas respuestas".
El líder campesino se quejó abiertamente del poder judicial, porque pese a que presentaron unas 250 denuncias ante el Supremo Tribunal de Justicia con "casos gravísimos, los jueces siguen al lado de los que tienen plata y la policía nos detiene a nosotros".
En la Mesa de Diálogo, están también otras entidades como INCUPO, Fundapaz, Bienaventurados los Pobres (BEPE), la Pastoral Social a través de Sergio Lamberti, las mesas de Tierra de Ojo de Agua y de Figueroa, el Foro de la Agricultura Familiar y las dos líneas del MoCaSE, una de las cuales se convirtió en la filial local de la Vía Campesina.
Por su parte, el secretario de la Pastoral Social, el cura Lamberti, destacó el accionar de la Mesa de Diálogo "porque sirve para plantear la realidad, denunciamos policías, juzgados, topadoras", aunque destacó que "no queremos ser ingenuos, las expectativas son otras" respecto del reconocimiento de los derechos posesorios de los campesinos y los indígenas.
Para Hugo Soria, de Incupo, los campesinos "no existen como sujetos de derecho" y que la "indefensión jurídica es avasalladora". En tanto, en el gobierno santiagueño, concientes de la inédita apertura a los campesinos a través de la mesa de diálogo, destacan la creación de un Registro de Poseedores y del Comité de Emergencia para actuar en casos de violencia.
El siguiente paso sería la aprobación de una ley provincial que declare la Emergencia Territorial por cuatro años en el área rural ocupada por comunidades campesinas "poseedoras con ánimo de dueño", y que a la vez suspenda la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos de desalojo o desocupación.
El proyecto de Ley señala en sus fundamentos que "el acceso a la tierra es condición ineludible para garantizar el goce efectivo de otros derechos fundamentales, y los Estados deben realizar acciones concretas destinadas a lograr su plena vigencia".
por Alba Silva, enviada especial.(TELAM)
